Los presos recuperarán el servicio de asistencia jurídica

La Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han firmado este viernes el convenio para reanudar la asistencia jurídica para los presos que cumplen condena en las 13 cárceles de la comunidad. El consejero de Justicia e Interior, Emilio Llera, ha confiado en que este servicio jurídico se restablezca “pronto”, una vez que el Ministerio del Interior —que no pudo acudir a la firma por “problemas de agenda”— rubrique también dicho documento, consensuado por los tres partes. La prestación quedó suspendida en abril de 2012 después de que la Junta y el Gobierno central se enzarzaran en un cruce de acusaciones sobre su renovación.

El convenio, con una vigencia de tres años prorrogables, cuenta con una partida inicial de 140.000 euros anuales. Llera ha achacado el retraso en su aprobación a los “problemas” planteados a Interior por el Ministerio de Hacienda, encargado de estudiar todos los acuerdos firmados entre Administraciones que supongan un gasto económico. “Hemos buscado una fórmula que abarata los costes”, ha justificado el consejero. Por su parte, el ministerio de Jorge Fernández no se ha pronunciado sobre este asunto.

En estos casi tres años, colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han denunciado la situación de “indefensión” en la que están los presos. El colectivo ha mostrado este viernes su desconfianza sobre este paso. “Hace unas semanas el ministerio decía que no sabía nada sobre el convenio. Para nosotros esta firma es una foto electoral”, ha asegurado el coordinador del área de cárceles de este colectivo, Valentín Aguilar, quien ha criticado el recorte experimentado. “Se pasa de casi 450.000 euros a 140.000”, ha denunciado.

El consejero ha vuelto a destacar la “necesaria” colaboración en este servicio de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio. Según Llera, este personal informará del número de abogados que acude a los centros, de la duración de las visitas y facilitará a los letrados los expedientes de los internos “para su mejor información y defensa”. Sin embargo, durante estos años de parón, el ministerio siempre ha defendido que, al igual que en otras comunidades, el servicio podía aplicarse sin su participación.

Entre las novedades con respecto al anterior documento, se encuentra la supresión de la figura de los coordinadores. “Dejará de ser un servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria para convertirse en una prestación más que ofrecerán los abogados”, ha asegurado el consejero. Con este convenio, los presos recibirán asesoramiento en asuntos como traslados de centros, reclamaciones o sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.