La Diputación de Gipuzkoa implica al PNV y el PSE en el fraude de Bidegi

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, estableció ayer un paralelismo entre los pagos supuestamente irregulares al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces por parte de Kutxabank con el presunto fraude cometido en la gestión de la sociedad foral de carreteras Bidegi. Aseguró que ambos casos esconden “pactos no escritos” entre partidos para buscar acomodo en empresas privadas a determinados cargos cuando estos dejan su actividad política.

Para sostener esta afirmación, Ugarte reveló que un representante del PNV y otro del PSE-EE son consejeros de la ingeniería que “falseó” unas mediciones en las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria), según la Diputación, con la finalidad de motivar un sobrecoste y cobrar de Bidegi por unos trabajos no realizados.

Un juzgado de Azpeitia ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el Ejecutivo provincial contra un exdirector de Bidegi, un responsable de la UTE Laurena y un directivo de una ingeniería por un delito de malversación de 3,4 millones de euros y por falsificación de documentos.

La portavoz foral aseguró que “el pacto de Estado que ha funcionado durante 30 años” en Euskadi, al que se refirió el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, para justificar los pagos a Cabieces, “tiene mucho que ver” con el caso de la ingeniería, que supuestamente falsificó unos trabajos para desviar dichos 3,4 millones. “No hay más que ver la composición del consejo de administración de esa ingeniería”, donde figuran “significativos” representantes del PNV y el PSE, dijo Ugarte.

La portavoz no quiso revelar el nombre de la ingeniería, aunque en la denuncia judicial figura entre los imputados la firma Eptisa-Cinsa. Su consejo está presidido desde 2008 por el peneuvista Josu Bergara, consejero de Transportes en 1991 y diputado general de Bizkaia entre 1995 y 2003. También figura como consejero de la firma el concejal socialista de Ordizia Iñaki Dubreuil, víctima de un atentado de ETA con coche bomba en febrero de 2001, en el que murieron dos obreros y él resulto herido grave.

Dubreuil fue nombrado consejero de Eptisa-Cinsa en febrero de 2011, en sustitución del expresidente del Parlamento Joseba Leizaola, del PNV. La compañía Talde Promoción y Desarrollo, cuyo principal propietario (49%) es Kutxabank, posee el 20% del capital de Eptisa-Cinsa, según el Registro Mercantil.

Ugarte sostuvo que este hecho “coincide” con el “pacto de Estado entre partidos del que habla Mario Fernández” en Kutxabank. “La metodología es la misma”, remarcó tras censurar los “tejemanejes” y calificar de “incomprensible” la composición de algunos consejos de administración.

Las acusaciones vertidas por Ugarte contra el PNV y el PSE se produjeron poco después de que estos dos partidos no apoyasen la creación de una comisión de investigación en las Juntas Generales sobre las irregularidades denunciadas en Bidegi. El PP sumó sus votos a Bildu y Aralar para sacar adelante este grupo de trabajo, al que se opuso el PNV y los socialistas se abstuvieron.

El Gobierno foral recordó que la denuncia interpuesta por el presunto desvío de 3,4 millones en Bidegi podría ampliarse porque la sociedad pública abonó 20 millones más de la cantidad reclamada por las adjudicatarias, aunque está por verificar si todo el montante corresponde a trabajos no realizados. Estos pagos se produjeron a mediados de 2011, cuando el anterior Ejecutivo foral, del PNV, estaba en funciones, a solo seis días de que Martin Garitano, de Bildu, tomase posesión como diputado general.