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Gómez pide amparo a la juez por la investigación sobre el tranvía de Parla

La UDEF solicita información sobre nexos entre las empresas y el Ayuntamiento

Tomás Gómez en la cabina de un tranvía de Parla en noviembre de 2005. Ampliar foto
Tomás Gómez en la cabina de un tranvía de Parla en noviembre de 2005.

El líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, pidió ayer a la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla ayuda para que sea rectificada una diligencia elaborada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investiga si el sobrecoste de las obras del tranvía de dicha localidad madrileña —41 millones de euros—, aprobado por el Ayuntamiento cuando Gómez era alcalde, supone un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos.

En su diligencia, la UDEF insta a la juez a pedir información a distintos organismos para comprobar si existieron nexos entre las empresas que se adjudicaron el proyecto y los miembros del ejecutivo de Parla que aprobaron las modificaciones. También pide que los peritos de la Intervención General del Estado emitan un informe sobre la modificación del proyecto.

En su escrito, según la Cadena SER, apunta a una de estas posibles relaciones: afirma que el director general de la sociedad Tranvía de Parla era Fernando de Marcos, administrador solidario al mismo tiempo de otra sociedad, Socramed SL, de la que, afirma, era apoderado Wilfredo Jurado, quien formaba parte de la Junta de Gobierno cuando se aprobaron “cuestiones relacionadas con la modificación del proyecto en su condición de concejal de Urbanismo” y que es, precisamente, el abogado del PSM que firma el escrito a la juez: fue concejal de urbanismo de Parla de 2003 a 2007.

Jurado afirma que la diligencia, presentada ante el tribunal el pasado 15 de diciembre, contiene afirmaciones “falsas y tendenciosas”. El documento “solo puede entenderse desde la intención de utilizar este requerimiento para hacer un relato político-periodístico y no para cumplir el requerimiento judicial”, indica su escrito.

Y añade: “Tras este proceso entendemos que hay una clara intención de influir en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo mes de mayo en Madrid, mediante el goteo constante de informaciones relativas al mismo, por muy intrascendentes o irrelevantes judicialmente que sean”.

El tranvía fue el proyecto estrella de Tomás Gómez, candidato autonómico de los socialistas en la Comunidad de Madrid y alcalde de la localidad de 125.000 habitantes entre 1999 y 2008. El escrito policial fue presentado ante la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez Martín, que el pasado julio pidió la colaboración de la policía en la investigación solicitada por la fiscalía en marzo para conocer, entre otras cosas, “quiénes eran las personas que formaban parte” de la concesionaria de la infraestructura Tranvía de Parla SA (constituida en su origen por Acciona, FCC Construcción, Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporación) y si hay “conexiones entre esta sociedad y el Ayuntamiento”. En concreto, entre los “miembros de la Junta de Gobierno” y los “técnicos que informaron los proyectos de ampliación”. 

La juez pidió la ayuda de la UDEF para determinar si “los fondos presupuestados se invirtieron en lo proyectado y si existía algún informe técnico a favor” para que se llevasen a cabo las dos modificaciones presupuestarias, en 2006 y 2009 —esta última ya con José María Fraile, que en octubre dimitió tras su imputación en la Operación Púnica, de regidor —, que sostuviera que era necesaria o no “una nueva licitación” o si se podía adjudicar la ampliación directamente, como se hizo.

La fiscalía presentó en marzo una denuncia por los delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”, y pidió la imputación de los 11 concejales de los dos Gobiernos socialistas de Parla que en diciembre de 2006 y junio de 2009 aprobaron las modificaciones presupuestarias.
Entre los políticos cuya imputación pide no figura Gómez, porque que no asistió a la Junta de Gobierno de finales de 2006 en la que se aprobó un aumento presupuestario de 25 millones.
El secretario general del PSM justificó su ausencia argumentando que estaría “cantando villancicos con niños en alguna escuela” o reunido “con vecinos”.

La petición de la fiscalía se produjo tras un escrito del Tribunal de Cuentas, que apreció “la existencia de indicios de responsabilidad penal” en la desviación presupuestaria del tranvía.

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