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Proyecto Castor: Las voces que nadie quiso escuchar

El alcalde de Alcanar denuncia que faltó información

Manifestación en Alcanar contra el almacén de gas Castor.
Manifestación en Alcanar contra el almacén de gas Castor.

Mariano Suñer se sobresaltó un día de agosto de 2007 cuando vio en el periódico un anuncio oficial que decía que parte de sus tierras en Vinaròs (Castellón) iban a ser ocupadas por la planta terrestre del almacén submarino de gas Castor, situado frente a Vinaròs y Alcanar (Montsià). “Fue él quien nos alertó”, explica Evelio Monfort, representante de la Plataforma en Defensa de las Terras del Sénia, colectivo que ha abanderado la lucha contra el Castor.

La historia del almacén es la de cómo un proyecto que en su día se consideró estratégico para España eludió analizar al detalle sus peligros medioambientales. Ahora, un juzgado de Vinaròs investigará si la Administración y la promotora, Escal UGS, filial de ACS, holding presidido por Florentino Pérez, pudieron cometer prevaricación ambiental por no analizar el riesgo sísmico del proyecto. La causa se ha abierto con nueve cargos y funcionarios del Gobierno socialista imputados junto a responsables de Escal UGS.

Muchas voces advirtieron de posibles terremotos, pero sus peticiones quedaron en el olvido. El auto de apertura de diligencias las recuerda al considerar que durante el proceso de evaluación ambiental se puso de manifiesto el riesgo una sismicidad inducida y, aunque se pidió a la empresa que lo estudiara, la “advertencia y requerimiento” fueron “obviados” por el esta con el “consentimiento” de la Administración. 

La normativa ambiental quedó en un segundo plano, según el Coamb

“Por desgracia, lo que denunciamos ha pasado”, dice Monfort. Entre septiembre y octubre de 2013, cuando se empezó a inyectar gas en el almacén submarino, se produjeron medio millar de terremotos, algunos superaron el nivel 4 de la escala de Ritchter. El alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, recuerda que pidieron incorporar al proceso informes sobre la posibilidad de terremotos. “La información brilló por su ausencia”, denuncia. También la Plataforma alegó. “Nos contestaron diciendo que la empresa no lo veía necesario porque no era una zona problemática”, dice Monfort. La Generalitat y el Observatorio del Ebro también alertaron del peligro si se inyectaba gas en el depósito submarino.

El periodista Jordi Marsal, autor del libro Castor: la bombolla sísmica, afirma que Escal UGS superó 42 permisos y requisitos ambientales. Ninguno incluía el estudio sísmico. “Las advertencias de las instituciones científicas y entidades sociales fueron minimizadas y rechazadas solo a partir de los argumentos de la empresa, que aseguraba que no había peligro”, explica Marsal. La empresa rechaza hacer declaraciones. Su presidente, Recaredo del Potro, manifestó en el programa 30 minuts de TV-3 que, según la norma española, no era obligatorio hacer el estudio: “Claro que estudiamos las fallas de riesgo (…) No pensamos que tengamos ninguna responsabilidad. Fue una coincidencia (que aparecieran fallas)”.

“Hay peticiones en el estudio de impacto ambiental y luego no hay un informe sobre ello. Y esto es excepcional; que haya peticiones tan claras y este tema no se estudie ni se contemple”, explica Josep Escarrà en nombre del Colegio de Ambientólogos de Cataluña. Apunta que “en ningún momento” se tipificó el riesgo de seísmos. “Puede ser que la empresa lo estudiara, pero si no aparece en la declaración de impacto ambiental no cuenta (a nivel judicial)”, aclara. Para el Colegio, la clave está en que el Castor se consideró altamente estratégico para el país. “Y en estos casos la normativa ambiental queda en un segundo plano”. señalan.

Diez años para exigir responsabilidades

lorena ortega

El Gobierno dejó el Castor en hibernación mediante el Real Decreto 13/2014 de 3 de octubre pasado, que aprobó compensar a Escal UGS con 1.350 millones por abandonar el proyecto. Esta cantidad será pagada por los usuarios de gas con un recargo en su factura. El texto deja a Enagás la realización de los estudios sobre su seguridad. Si hay peligro se desmantelará la planta y si es viable se iniciará otro proceso de concesión. Enagás debe entregar al Ministerio de Industria un informe que acredite el estado de las instalaciones, el grado de cumplimiento de la normativa y las inversiones a realizar para corregir las deficiencias.

El decreto fija un plazo de diez años para exigir responsabilidades a Escal UGS por “vicios o defectos” en su ejecución o por “acciones y omisiones” que se pongan de manifiesto en la próxima década. En tal caso se fijará un pago que será ingresado en el sistema gasista, que también ingresara las indemnizaciones “derivadas de las responsabilidades que, por el otorgamiento de la concesión de explotación o la operación del almacenamiento subterráneo de gas, pudieran reconocerse en procedimientos administrativos o judiciales”.