La Generalitat adopta la ‘ley Wert’ pese a que aseguró que no lo haría

Cuando el presidente Artur Mas anunció, el pasado 15 de enero, el adelanto electoral y la recomposición de su pacto con Esquerra Republicana también tuvo palabras para la educación obligatoria. Aseguró que el acuerdo con los republicanos incluía “priorizar el inicio del próximo curso escolar de acuerdo a una legislación educativa catalana”. Una voluntad que parece ir en contravía con el quehacer del departamento de Enseñanza de la Generalitat. Irene Rigau, su máxima responsable, presentó ayer el nuevo currículo para primaria y bachillerato, que entre otras cosas incluye más horas de matemáticas. La reforma, si bien es fruto de tres años de reflexión también es una modulación que busca cumplir con la controvertida Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como Ley Wert.

Al inicio del curso actual curso, Rigau aseguró que “no aplicaremos estrictamente la LOMCE, le damos la vuelta y la esquivaremos”. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera reformuló esta frase para encajar el cambio en el currículo, que entrará en fecto el próximo curso. “Salvamos aspectos administrativos para hacer una organización pedagógica propia”.

Una muestra de estos “aspectos administrativos” es, por ejemplo, la decisión de seguir impartiendo de manera conjunta conocimiento del medio natural y conocimiento del medio social y cultural en primaria. La LOMCE establece que se tienen que ofrecer de manera separada. La solución que Enseñanza ha encontrado es que los profesores pongan dos notas diferentes para cumplir con el requerimiento del ministerio de Educación aunque se siga enseñando de manera conjunta.

Otro punto es la puesta en marcha de la clase de religión o una alternativa que también establece la ley estatal y que será evaluable. La Generalitat propone como opción para las familias que lo deseen la educación en valores sociales y cívicos en la primaria o cultura y valores éticos, en la escuela secundaria.

En su día, Rigau justificó que “hemos de poner las notas y el nombre de las materias de acuerdo con la regulación estatal, otra cosa es que tu manera de trabajar tenga que cambiar”. En este sentido, por ejemplo, Enseñanza ha modulado aspectos como la organización en ciclos de las etapas educativas aunque el ministerio tenga planeado realizar las pruebas para comprobar el nivel de los alumnos en tercero de primera, sexto y cuarto de ESO. Rigau también ha obligado a mantener la asignatura de educación artística —que Wert relegó a optativa— y la de Tecnología en Secundaria —también opcional según la LOMCE—.

La nueva ley educativa estatal también prevé separar a los alumnos en cuarto de ESO en función de si siguen hacia la Formación Profesional o el Bachillerato. Para evitar esto, la Generalitat ha diseñado una doble titulación compactada, que le permite a los alumnos optar eventualmente por cualquiera de los dos caminos en las reválidas. Este punto, sin embargo, solo entrará en vigor en 2018. La decisión busca “blindar” el sistema catalán, cumplir con Wert, pero al mismo tiempo se basa en el supuesto de que la LOMCE será derogada en la próxima legislatura. Nada dice Rigau de qué ocurrirá si la controvertida ley se mantiene.