Alaya insiste en pedir información sobre todas las empresas públicas

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, insiste en su petición de conocer el uso dado de las transferencias de financiación en otras empresas públicas de la Junta de Andalucía. Después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera a la juez que aclarara su solicitud pues podría invadir la investigación de otro magistrado, la instructora señala que "no procede aclarar" el auto del 23 de diciembre al entender que "no existe concepto oscuro" e insiste en solicitar a la Intervención General y a la Consejería de Hacienda la información “íntegra” relativa a los programas de control financiero permanente de seis empresas públicas, entre ellas Canal Sur, Egmasa y Extenda. A raíz de este auto, la Junta acusó a la juez de instruir en el caso de los ERE una “causa general” que analiza toda su acción de gobierno a modo de “investigación prospectiva”, que prohíbe la ley.

Pese a señalar que "no existe concepto oscuro", Alaya apunta en el auto que "no existe inconveniente alguno en ampliar la fundamentación acerca de la razonabilidad" de la documentación solicitada, informa Europa Press. La juez mantiene que dicha información "resulta útil y necesaria para constar el alcance sobre el uso de tal partida presupuestaria para la realización de encargos de ejecución y subvención excepcionales, pues tal uso fue evidenciado en los Presupuestos anuales realizados por la Intervención de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre las actuaciones de fiscalización permanente sobre dichas empresas en los ejercicios 2005 a 2007, las cuales fueron elevadas a la Consejería de Hacienda, y por esta al Consejo de Gobierno, quien aprobó tales actuaciones".

La juez Alaya asevera en el auto, fechado el 30 de enero y notificado este martes a las partes, que "esto ya por sí solo pondría de manifiesto el indiciario conocimiento del uso generalizado de las transferencias de financiación por parte del consejero de Hacienda y altos cargos de dicha Consejería, así como por el Consejo de Gobierno". "Por ello, conociendo el contenido del informe adicional elaborado por la Intervención General respecto a Idea, resulta de especial trascendencia conocer los informes adicionales que se hubiesen elaborado respecto de estas otras empresas, razón por la que se solicitó a la Junta de Andalucía la aportación de dicha documental", subraya.

Alaya responde así a la petición de Anticorrupción. Los fiscales de la causa dudan de que Alaya haya colisionado con nueve investigaciones que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 16, Juan Gutiérrez, instructor del caso Invercaria. “La investigación per se de los ilícitos que pudiesen constituir en relación con cada una de las singulares entidades reseñadas son ya objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla”, alertaron.

Alaya reclama a la representación legal de la Junta que, en el plazo de cinco días, "presente la documentación reclamada" en el auto de 23 de diciembre, señalando que una vez reciba dicha documentación decidirá sobre la petición de la acusación que ejerce el PP para que se cite nuevamente a declarar como imputado al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y para que se reciba declaración testifical a la ex interventora general Rocío Marcos Ortiz.