Crespo denuncia la ocultación de pinchazos de cargos populares

El empresario coruñés Gerardo Crespo, considerado uno de los cabecillas de la Operación Zeta, una trama bajo sospecha de defraudar millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas para formación y empleo, asegura que tiene “muchas ganas” de hablar. Fue sólo cuestión de táctica de defensa si ayer se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la juez instructora del sumario abierto hace ya más de tres años que suma una treintena de imputados, entre ellos cinco cargos dimitidos de la Xunta. Es al que fue su partido, el PP, y a su cúpula a los que apunta directamente Crespo con sus amenazas de tirar de la manta: “El PP es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada”, afirma por escrito en un comunicado entregado ayer, al salir del Juzgado de Instrucción número 6 que instruye este caso. Una proclamación que, advierte, puede probar: “Todo está documentado con grabaciones y con testigos”.

 Pero el presidente de Azetanet, un grupo ahora en quiebra tras décadas captando contratos millonarios para realizar cursos de empleo, va a ir por partes, “poco a poco”. Otrora militante coruñés del PP, omnipresente en todo acto del partido o del Gobierno de Feijóo, hasta que se destapó, hace dos años esta investigación judicial, combina por ahora sus acusaciones públicas contra el propio presidente de la Xunta o su conselleira de Traballo, la también coruñesa Beatriz Mato, con actuaciones diversas en los juzgados.

La juez de la Operación Zeta “lo tendrá todo”, asegura el empresario. Pero también espera que sus amenazas tengan efecto en su antiguo partido, al que reprocha amargamente haberlo dejado tirado. Él siempre defendió y apoyó al PP, alega, por lo que ahora confía en que la formación de Rajoy y Feijóo mueva ficha en defensa de sus intereses, dicen en el entorno de Crespo. Esto es, que al PP no le interesa que salga a la luz todo lo que sabe y puede probar y que, según sus allegados, alcanza al más alto nivel del partido. El propio sumario destapa las relevantes relaciones de este entramado coruñés, con acceso directo a ministros, conselleiros y altos cargos.

La próxima semana, Crespo presentará cinco cuestiones pidiendo la nulidad de la abultada investigación de la Policía Judicial, entre ellas las escuchas telefónicas. Están incompletas y manipuladas, alegará Crespo, dado que no figuran, entre los miles de folios que recogen las conversaciones del empresario, cuyo teléfono fue pinchado desde finales de 2011, las que mantuvo con relevantes dirigentes del PP tanto de Santiago como de A Coruña. Tampoco aparecen las que Crespo asegura haber tenido con Pachi Lucas, un amigo personal de Feijóo que aparece en nómina de Azetanet con pagos periódicos por transferencia bancaria de 3.000 euros. La policía lo considera un conseguidor de contratas públicas millonarias. Un “abrepuertas”, como suele definirlo Crespo. Pero sorprendentemente aún no ha sido citado a declarar por la policía. “Trabajaba con Pachi Lucas porque o estás con los amigos o no trabajas”, remachó ayer Crespo, insistiendo en implicar al amigo del presidente. Será uno de los “cargos” que el abogado del empresario coruñés pedirá llamar a declarar ante la juez.

En su estrategia de cargar contra el PP a la espera de que éste dé un paso, Crespo insistió ayer en acusar a Feijóo y Mato de haberse enterado antes que nadie, cuando estaba el sumario bajo secreto, de la investigación judicial. Dice tener pruebas de ello: “El presidente y la conselleira mienten, no fueron ellos los primeros en mandarnos al fiscal, sino que, cuando se enteran de que nos investigan, para desmarcarse se inventan unas revocaciones de unos planes de empleo y dejan de coger el teléfono”. Crespo además presentó en los tribunales la solicitud de un acto de conciliación, paso previo a la querella por calumnias que quiere presentar contra Beatriz Mato por asegurar que el empresario coruñés enganó a todos los gobiernos.

En cuanto la Agencia Tributaria haya entregado a la juez el informe que está elaborando, desde junio de 2012, sobre las acusaciones, datos y hechos que recoge la Policía en este sumario, Crespo declarará con ánimo de “poner fin a tres años de indefensión”. Porque hay toda una parte de las acusaciones que son falsas, sostiene, las relativas a la inexistencia de los cursos por los que cobró. De eso dice tener también pruebas documentales.