Las AMPAS recelan de la obligación de declarar por Sociedades

Para una Asociación de Madres y Padres (AMPA) que mayoritariamente vive de las pequeñas cuotas de sus socios o de lo que recauda con una cena o rifa anual ya de por sí es muy difícil sobrevivir. Si a eso se suma pagar a un gestor para que lleve sus cuentas, el golpe puede ser letal. Así resume Álex Castillo, presidente de la federación que reúne a más de 2.000 de estas entidades en toda Cataluña (FAPAC), el impacto de la entrada en vigor de la modificación del impuesto estatal de Sociedades.

La Ley 27/2014 acaba con las excepciones al presentar la declaración de dicho tributo, explica Enrique Seoane, experto en fiscalidad de Deloitte. “Si los ingresos eran inferiores a 100.000 euros anuales y estaban al menos sometidos a retención no había obligación de declarar”, dice. Ahora todas las pequeñas entidades sin ánimo de lucro deberán rendir cuentas ante Hacienda. No hacerlo implica multas de 200 euros.

Declarar no implica automáticamente tributar, asegura Seoane.Pero el presidente de la Confederación Cristiana de AMPAS, Josep Maria Romagosa, recuerda que la normativa catalana establece que las entidades que hayan de presentar la declaración de Sociedades deben llevar una contabilidad completa. “La nueva gestión obliga a recurrir a personal externo, un coste muy difícil de asumir por las asociaciones”, se queja. Castillo explica que el presupuesto medio anual de una AMPA está entre 10.000 y 15.000 euros. “Es muy poco probable que recauden algo con este cambio normativo. A la larga, es papeleo inútil”, dice.

Renovación frecuente

Las AMPAS más grandes, por ejemplo, gestionan comedores escolares o montan actividades extraescolares, y sí superan los 100.000 euros de ingresos. Romagosa recuerda que las asociaciones de padres “son entidades sometidas a una renovación frecuente de sus órganos de gobierno, lo que hace aún más difícil tener la estabilidad organizativa necesaria para tirar adelante el nuevo modelo de gestión”.

Las AMPAS catalanas piden a las fuerzas políticas que apoyen una proposición de ley de modificación de la reforma para así evitar que muchas asociaciones bajen la persiana. Castillo recuerda que hace más de diez años el Gobierno del PP también intentó realizar esta modificación sin éxito. “Esto es un ataque al tejido asociativo”, concluye.