Ortiz alega que su tarea es ir detrás de funcionarios y políticos todos los días
La amistad entre el constructor y Castedo fue a más cuando ella llegó a Urbanismo
El empresario Enrique Ortiz, imputado doblemente en los dos casos que investigan el presunto amaño del urbanismo alicantino en su favor, reconoció ayer ante un juez que mantuvo relaciones de amistad con los dos últimos alcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Con el primero tuvo una relación de amistad “más allá de lo institucional” y con la segunda una “amistad normal” que daba para cenas de parejas y que fue a más desde el momento en que fue nombrada concejal de Urbanismo.
El principal contratista declaró ayer por el caso Rabassa, derivado del Brugal y en el que está bajo sospecha el proyecto que impulsó el constructor en el barrio del mismo nombre. Es el cuarto imputado en declarar después de las testificales de Castedo y dos altos funcionarios de urbanismo. Se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Presentado por su defensa como un hombre cuyos negocios repercuten en 2.000 familias, Ortiz reconoció que su función como empresario es estar “todos los días” detrás de políticos y funcionarios, más en casos como el de Rabassa, donde habría invertido 85 millones de euros, según fuentes del caso.
Al empresario no le consta que una alta funcionaria le devolviera un bolso
Ortiz tuvo muchos planes para el barrio de Rabassa. Al principio dijo que iba a construir 13.500 viviendas, al margen del plan general urbano y desaconsejadas por los arquitectos municipales. Luego perfiló el proyecto: 8.000 de ellas serían de protección oficial e Ikea se implantaría en el lugar. Al final, en vez de las casas se construiría un centro comercial con la multinacional sueca.
La policía cree en su informe que el beneficio de la operación residía en el contrato de Ikea. Ortiz habría cobrado más de 90 millones por la venta de suelo y las gestiones de implantación, según dice el propio empresario en las llamadas telefónicas intervenidas. Ayer se desdijo a sí mismo: no los cobró. “Dice que hasta pierde dinero con Rabassa”, apuntó una de las partes personadas.
Para Ortiz era común hacer regalos a cargos públicos por Navidad, una costumbre de su empresa desde tiempos de su padre. Isabel Campos, jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo e imputada en este caso por tres delitos, testificó el jueves que su padre devolvió un bolso, valorado en cientos de euros, al empresario al día siguiente de recibirlo. Ortiz ayer dijo que no le consta la devolución. Y en las escuchas se refleja una conversación en la que Campos le agradece un bolso que le gustó mucho.
El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marcos, lo dijo a la entrada de los juzgados: “No es nuevo, es una costumbre en España y muchos países que en Navidad se tengan detalles con personas conocidas”. Enrique Sanus, el también imputado gerente de Urbanismo, confirmó el jueves que disfrutó y todavía lo hace, como otros en el Ayuntamiento, de aparcamientos gratuitos en los subterráneos que tiene el empresario. Ortiz entró tranquilo y se fue igual. Sus relaciones con la justicia no son nuevas: está imputado en tres causas del Brugal, en el caso Gürtel y por un posible delito fiscal.
Alperi, Oporto y el avión de Cotino
Para policía, fiscal y acusaciones particulares, las escuchas del caso Rabassa son una recopilación de la connivencia fuera de lo común que existía entre Enrique Ortiz y cargos administrativos. Laa acusaciones presentadas por Esquerra Unida y el PSPV consideran una prueba de ello el viaje a Oporto que hacen en noviembre de 2008 el entonces diputado autonómico Luis Díaz Alperi y la alcaldesa Sonia Castedo, ambos del PP. La policía concluyó que fueron a reunirse con responsables de Ikea en la tienda de la ciudad portuguesa para "defender los intereses de Ortiz" y que, además, este gestionó el alquiler de un avión privado para el regreso con el empresario Vicente Cotino, sobrino del exconsejero de los populares.
El constructor confirmó ante el juez Juan Carlos Cerón que llamó a Cotino tal cual le pidió Alperi, pero que al final no salió adelante al no haber problemas con los vuelos de líneas regulares. Este particular de la investigación ya llamó la atención del juez tras la declaración el pasado 16 de enero de Castedo. En un principio, el encuentro se presentó como un viaje institucional y, sin embargo, la exalcaldesa declaró que ella se había pagado las costas, hecho contradictorio con la supuesta oficialidad del traslado. Alperi, además, ya no era alcalde de Alicante. A petición de Cerón, la policía vuelve a investigar el asunto.
A diferencia del día que testificó Castedo, a Ortiz no le esperó nadie con un ramo de flores. Un hombre se coló entre los periodistas y lanzó varias preguntas: "¿Te va a dejar el juez el culito fino, fino? ¿Le diste de mamar a Castedo?", le preguntó al empresario. La segunda pregunta del espontáneo recuerda pasajes de los pinchazos telefónicos en los que se escucha cómo busca promocionar Ortiz a la política. "La tenemos que hacer consellera", le dijo a Alperi.
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