“Montoro nos penaliza por llegar a la meta antes de tiempo”

Año y medio después de encabezar como alcalde la primera fusión de dos municipios en España en el último medio siglo, la de las localidades coruñesas de Oza dos Ríos y Cesuras, ha sacado la artillería, en forma de carteles reivindicativos, contra nada menos que el ministro de Hacienda. “Montoro, no discrimines a Oza-Cesuras”, rezan las pancartas de fondo rojo que cuelgan en varios puntos de este fusionado municipio, gobernado desde hace décadas por el PP. Pablo González Cacheiro, alcalde de Oza y ahora presidente de la gestora que dirige la localidad hasta las elecciones de mayo, reivindica la reparación de una “injusticia”: que Oza-Cesuras no sea excluida de los incentivos para ayuntamientos fusionados que marca la reformada Ley del Régimen Local. Entró en vigor hace un año, justo cinco meses después de la fusión ensalzada por los gobiernos de Rajoy y Feijóo. Pero se ha quedado fuera de los beneficios que tendrá todo territorio que siga sus pasos.

Pregunta. ¿Fracasó en todos sus intentos de ser oído este último año por el ministerio?

Respuesta. Tuvimos reuniones en Madrid y enviamos varias cartas, pero nada. Es una injusticia y tomamos medidas para que no nos discriminen. El problema es que nos fusionamos antes de que entrara en vigor la ley. Llegamos a la meta antes de tiempo. Es verdad, jurídicamente no tiene discusión. Pero no pueden penalizarnos por eso. Uno de los objetos de esa ley es precisamente incentivar la fusión. Y dejar fuera al ayuntamiento que nace de la primera en España en 50 años no nos parece correcto. Si hay voluntad, se pueden arreglar las cosas.

P. El primero y único hasta ahora. ¿Es factible un acuerdo?

R. Somos los únicos afectados. Podían incluirnos con una disposición transitoria. Pero pasó un año y nada. No nos dijeron ni que sí, ni que no. Nos lleva a pensar que no hay voluntad, por eso lo reivindicamos. Es una discriminación.

P. ¿Confía en que el Gobierno dé marcha atrás por sus carteles?

R. Por lo menos que nos escuche, si puede ser. Tuvimos reuniones en el ministerio pero de nivel medio. Ni siquiera nos recibió el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Hoy le envié la cuarta petición de una reunión. No contestó las anteriores. No tratan con seriedad el problema.

P. La Xunta le apoya en su reivindicación. ¿Cree que su caso frena otras iniciativas de fusión?

R. Por ahora no veo que haya más municipios que vayan a fusionarse. Con lo cual tenemos una ley con beneficios para los que se fusionen y el único que lo hizo resulta que se queda fuera.

P. ¿Esos incentivos que marca la ley representan mucho dinero?

R. Estamos hablando de 90.000 euros al año.Es una pérdida de dinero importante para nosotros, y no creo que para el Estado suponga tanto. Y además del dinero, la ley incluye una dispensa de cinco años en la obligación para los ayuntamientos fusionados de más de 5.000 habitantes, como es el caso, de prestar servicios obligatorios. Pero nosotros tenemos que prestarlos y dejamos de ingresar dinero, con lo cual nos obligan a gastar más recibiendo menos.

P. Ponga un ejemplo de servicios obligatorios a los que ahora tiene que hacer frente.

R. Constituir una policía local. Es obligatorio para los municipios que, como nosotros, tienen más de 5.000 habitantes. A nosotros nos vendría muy bien esa dispensa de cinco años. Quedamos abandonados. Otro ejemplo: el registro del nuevo Ayuntamiento. Se ha triplicado el trabajo y las gestiones que tiene que atender.

P. ¿Cree que la fusión de Oza y Cesuras no fue beneficiosa?

R. No lo creo, hay ventajas día a día. Hubo un incremento notable de ayudas de la Xunta. Y de Madrid, recibimos 185.000 euros más al año porque pasamos, tras la fusión, a tener más de 5.000 habitantes. Es verdad, no lo niego. Pero si podemos aspirar a 100, ¿por qué quedarnos en 80? Me parece una discriminación quedar fuera de los incentivos para los ayuntamientos fusionados, como reza la ley. No podemos conformamos. Debemos luchar porque es injusto.