Méndez de Vigo: “La UE se sentía engañada por las vacaciones fiscales”

El secretario de Estado para la UE dice que la existía una sensación en Europa de que las instituciones vascas incumplían sistemáticamente las sentencias comunitarias

El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció ayer en el Parlamento vasco que su participación en la negociación con Bruselas sobre las denominadas vacaciones fiscales tuvo un lastre considerable.

La UE estaba convencida de que las Diputaciones vascas y por extensión España, en cuyos cargos públicos recaía su representación ante la UE, les estaban toreando y sus funcionarios no estaban dispuestos a afrontar, por enésima vez, una negociación para pactar la cuantía total de las devoluciones.

La UE sentenció en 2001 que las ayudas fiscales eran ilegales y había que devolverlas, lo ratificó en 2006 y todavía en 2013 quedaban los últimos flecos por recuperar. “La UE se sentía engañada” por las Diputaciones, dijo el alto cargo de Exteriores, que había sido invitado por el PP a la Ponencia de Autogobierno para que explicara como es, en su opinión, la relación de la comunidad autónoma vasca con la UE en los órganos diseñados para ello.

Íñigo Méndez de Vigo lo dejó caer en el último suspiro de su comparecencia, en la que respondió a varias preguntas sobre las consecuencias que tendría una declaración unilateral de independencia en Euskadi o en Cataluña, pero en este caso se dirigió al portavoz de EH Bildu, Pello Urizar, que le había trasladado su impresión de que “los vascos creemos que estamos” mal representados.

La fiscalía vasca estudia una denuncia de ELA antes de decidir si abre la vía penal

Para el secretario de Estado eso no es cierto, y de hecho le sugirió que en la negociación de las vacaciones fiscales, pese al enfado de las autoridades de la Competencia europea por los incumplimientos sistemáticos de las sentencias comunitarias, “acabamos logrando una quita de cinco millones de euros” sobre el montante total del dinero a recuperar que cifró la UE.

Esta cantidad la precisó después, en los pasillos del Parlamento y al finalizar su comparecencia. La UE multó con 30 millones de euros a España —esta lo repercutió a las instituciones vascas— pero la petición inicial era de 60, que la abogada de la UE rebajó en su petición inicial a 50, y finalmente, los tribunales europeos la dejaron en 30.

Parte de ese hartazgo, que la Comisión ya verbalizó al Gobierno socialista de Patxi López, se debía precisamente a algunas maniobras dilatorias que había puesto en marcha Bizkaia, como la remisión de una furgoneta llena de documentos para que la cribaran los propios funcionarios de la Competencia.

Las denominadas vacaciones fiscales, es decir, las ayudas tributarias que las diputaciones concedieron a numerosas empresas en la década de los 90, están ahora judicializadas en Euskadi. La fiscalía vasca estudia una denuncia de ELA antes de tomar la decisión de si abre la vía penal. La multa no se puso por haber diseñado las ayudas, sino por haber demorado de forma deliberada el cumplimiento de las sentencias que obligaban a recuperar las ayudas.

 

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