Los extrabajadores de Delphi cumplen un año de encierro y desesperanza

Hasta 12 empresas se han interesado en demoler las instalaciones de la antigua fábrica

Los extrabajadores de Delphi cumplen un año de encierro en el edificio de los sindicatos.
Los extrabajadores de Delphi cumplen un año de encierro en el edificio de los sindicatos. román ríos / EFE

Los bajos del edificio de los sindicatos de Cádiz son un enorme dormitorio. También un salón de estar, donde compartir angustias. La cafetería es su cocina. No hay muebles pero sí enormes pancartas. Descalificativos para Susana Díaz, acusaciones de engaños a la Junta, ánimos para la lucha y un contador que ha alcanzado 365 días. Hace un año que parte del colectivo de extrabajadores de Delphi; los más desesperados, se encerraron para reclamar al Gobierno andaluz que cumpla su palabra de encontrarles un trabajo a todos. En su cumpleaños recibieron un regalo a modo de promesa. Podemos, por boca de Teresa Rodríguez y Diego Cañamero, se ha comprometido a que si llega a la Junta buscará la solución que los actuales gestores les niegan. Aunque no han detallado cómo piensan hacerlo.

Delphi cerró sus puertas en Puerto Real en 2007. Entonces, como ahora, se avecinaban unas elecciones autonómicas a las que se presentaba Manuel Chaves como candidato socialista. Y Chaves se comprometió con estos trabajadores, más de 1.800, y sus familias a que no les dejaría tirados. Así hizo. Activó un dispositivo especial auspiciado por las Consejerías de Empleo para pagar los sueldos de cada operario mientras recibían formación para obtener empleo en otras empresas. A la vez se creaban incentivos para generar más de 5.000 puestos de trabajo en la bahía de Cádiz.

Los sindicatos aseguran que 600 despedidos siguen sin empleo

El paso del tiempo cae como una losa a ese relato. Porque aquellos compromisos apenas se han cumplido. A la Junta le falló la previsión de creación de empleo, porque las empresas que se esperaban no llegaron. Y las que llegaron, como Gadir Solar o Alestis, no tardaron en dar problemas. Gadir Solar, de hecho, ya está cerrada. El último cálculo reveló que las Administraciones invirtieron en este colectivo entre formación, prejubilaciones a los 52 años, incentivos e indemnizaciones 305 millones de euros, sin contar con los 120 millones que Delphi puso para liquidar al personal.

Según los cálculos de los sindicatos, más de 600 siguen sin encontrar un trabajo. No han podido volver a estar empleados en estos casi ocho años que se van a cumplir del cierre de Delphi. Hay un sector, los que no tenían otro sustento en la familia, que lo ha pasado realmente mal y está al borde de la exclusión social, al haber agotado todas sus prestaciones. De esa desesperación surgió la idea de unos pocos de encerrarse en el edificio de los sindicatos y llenarlo de carteles. “Este aniversario genera una enorme frustración porque nada de lo que han pedido se ha cumplido”, explica Miguel Paramio, de USO.

Lo que piden a la Junta, y así lo han hecho también los sindicatos ante los tribunales, es que cumpla su palabra de 2007. La de no dejarles tirados. Piden medidas especiales. Pero los actuales responsables del Ejecutivo autonómico no ceden porque, según explican, sería ilegal ahora articular un tratamiento especial para un colectivo que, además, ya ha sido beneficiado con ayudas que pocos parados han tenido en Andalucía. En medio de estas reclamaciones, se ha cruzado la juez Mercedes Alaya, que investiga si ese dispositivo especial fue legal y si las ayudas cobradas se ajustan a la normativa.

El paso del tiempo ha hecho mella en el colectivo, hastiado por el abandono y la falta de respuesta a sus reclamaciones. Su encierro lo han ido combinando con protestas y campañas de acoso a dirigentes socialistas. La última, ante Carme Chacón y el delegado de la Junta, Fernando López Gil, en un acto del PSOE en San Fernando. Ya apenas una veintena de extrabajadores se movilizan. El aniversario del encierro ha coincidido con la noticia de que 12 empresas se han interesado en la oferta abierta por los administradores concursales para demoler las instalaciones que aún quedan en pie. El juzgado de lo mercantil ha autorizado el derribo porque mantener los edificios sólo generará más gastos. Sindicatos, el Ayuntamiento de Puerto Real y la Junta rechazan esa posibilidad.

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