Sanidad cierra medio ambulatorio tras funcionar 10 años sin licencia

La dejadez o la negligencia de la Consejería de Sanidad han permitido que el centro de salud Puerta del Ángel, en el paseo de Extremadura (distrito de Latina), lleve una década atendiendo a sus más de 20.000 pacientes sin licencia de apertura ni de funcionamiento. Un problema urbanístico de difícil solución lo impedía: parte del terreno sobre el que está construido es suelo industrial, es decir, no puede albergar un centro sanitario. El Ayuntamiento de Madrid se plantó el año pasado y ordenó el cese de la actividad. Pero ahora ha llegado con la Comunidad de Madrid a un arreglo creativo: levantar unos tabiques y dejar una parte del centro de salud inutilizada.

El complejo médico tiene asignados a más de 20.000 pacientes

La Consejería de Sanidad ya ha pedido las licencias correspondientes para hacer las obras de separación y para iniciar la actividad en la parte “legalizable”, es decir, en la que no está sobre el suelo de uso industrial, explican fuentes municipales. El plan consiste en trasladar el material y las consultas, tapiar el área y seguir con la actividad sanitaria en el resto del edificio. El local ocupa unos 800 metros cuadrados, según una fuente conocedora del contrato de alquiler. La parte legalizable supera los 500 metros cuadrados, por lo que el centro de salud perdería aproximadamente el 40% de su superficie.

Los vecinos de este barrio de la capital llevan meses protestando para evitar el cierre del centro de salud. Ese parecía que iba a ser su destino cuando, a principios del verano pasado, el presidente del distrito, el popular José Manuel Berzal, firmó la ejecución del cierre. Antes de eso los técnicos habían escrito varias actas de inspección en las que documentaban la ilegalidad del ambulatorio. Las opciones, hace unos meses, eran cambiar el uso del local para resolver el inconveniente administrativo o buscar uno nuevo en la zona, según decía la Consejería de Sanidad, que en las últimas dos semanas no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre el futuro del centro.

Fuentes municipales explican que es inviable cambiar el uso del local, al menos inmediatamente. De ahí que Sanidad haya optado por partirlo y seguir funcionando a medio gas. Estas fuentes añaden que después habrá que hacer un plan especial para legalizarlo todo. Con este trámite, el Ayuntamiento recalificará el uso para que sea terciario y no industrial. La Comunidad de Madrid tiene que solicitarlo a la Concejalía de Urbanismo.

José Luis Yubero, portavoz de la Plataforma Latina en defensa de la sanidad pública, asegura que los vecinos “no van a aceptar un recorte así, con las salas de atención al paciente reducidas casi a la mitad”. Yubero teme que parte de los más de 20.000 pacientes que tiene asignados el centro sean derivados a otros del distrito que a su vez ya están “saturados”, lo que obligaría a personas de edad avanzada —este barrio supera la media de la capital en población de la tercera edad— a desplazarse. La otra alternativa, atender a la misma cantidad de personas en la mitad de espacio, tampoco le convence.

Cuando la Consejería de Sanidad firmó el contrato de arrendamiento del local con Coymar el documento especificaba que una parte era suelo industrial y debía usarse como almacén, explica la fuente conocedora del acuerdo. “Alguien de Sanidad se equivocó al hacer la obra”, añade.