Lecciones de ‘Ciutat Morta’

La enorme repercusión que ha tenido la emisión del documental Ciutat Morta permite interesantes lecturas sobre cómo opera la comunicación en la sociedad en red y las dificultades que la verdad de los hechos tiene para prosperar cuando choca con intereses corporativos concurrentes. Lo ocurrido permite además una interesante reflexión sobre el papel de la Red y las sinergias que pueden crearse entre ella y los medios tradicionales de comunicación.

La primera reflexión tiene que ver con el papel dinamizador de las redes sociales. Ciutat Morta se ideó en 2011 con el propósito de denunciar lo que sus autores consideran una injusticia: la detención arbitraria y condena de cinco jóvenes por unos incidentes con el movimiento okupa durante los cuales un guardia urbano resultó herido y quedó tetrapléjico. El documental se financió mediante una campaña de crowdfunding y en 2013 entró en el circuito comercial pero tuvo escasa repercusión. Su excelente factura, sin embargo, hizo que fuera seleccionado en 21 festivales de cine y lograra 10 premios.

Ciutat Morta llevaba pues más de un año de recorrido, pero su alegato no lograba traspasar los círculos ya sensibilizados. Hasta que TV3 lo emitió. Ello demuestra que, pese a la extensión, porosidad y capacidad de agitación que tiene la Red, siguen siendo los grandes medios tradicionales los que permiten llegar al conjunto de la opinión pública e impactar en quienes, desde los partidos o las instancias de decisión, dependen de ella. Sus promotores sabían que solo la difusión a través de uno de los grandes medios daría al documental la proyección y la credibilidad que necesitaba. Los primeros intentos de que se emitiera en TV3 fueron infructuosos, pero la notoriedad de los premios obtenidos y la insistencia del movimiento 4-F hicieron insostenible el rechazo.

En el último momento, el documental se benefició además de un inesperado efecto Streisand. Es un término acuñado en 2003 cuando la actriz Bárbara Streisand reclamó al fotógrafo Kenneth Adelman 50 millones de dólares por publicar una foto aérea de su mansión. Era tal la desmesura, que solo consiguió el efecto contrario: la reproducción masiva de la imagen. Un fenómeno parecido se produjo en 2007 con el secuestro judicial de la revista El Jueves por una caricatura de los actuales reyes de España. La medida no impidió que la viñeta fuera masivamente reproducida. Pocas horas antes de emitirse, Ciutat Morta recibió el más eficaz de los impulsos en tiempos de Internet: un intento de censura. John Gilmore, uno de los gurús de Internet, advirtió en 1993 en la revista Time que la Red interpreta la censura como un ataque y la forma que tiene de defenderse es precisamente haciendo circular el objeto censurado. Como era de esperar, la orden judicial de eliminar cinco minutos amplificó la expectación. A las pocas horas, más de 200.000 personas habían visto en YouTube el fragmento censurado y lo único que logró el demandante fue agrandar la repercusión de lo que pretendía silenciar.

La emisión logró 569.000 espectadores, el 20% de cuota de pantalla, algo insólito para un segundo canal que suele estar en torno al 2%. Y provocó una doble reacción en cadena: en las propias redes sociales y en los medios convencionales, cuyos contenidos eran de nuevo amplificados en las redes, lo que provocó a su vez que partidos políticos e instituciones se vieran obligados a reaccionar. Como ya ocurrió con las filtraciones de Wikileaks, la sociedad todavía parece necesitar el aval de los grandes medios para dar credibilidad a un asunto grave. Pero ello no les redime de la constatación de que, salvo muy honrosas excepciones, se limitaron a seguir de forma acrítica la versión oficial en un proceso opaco y plagado de contradicciones. El caso interpela sobre la ausencia de un buen periodismo de investigación, que no solo requiere recursos, sino tiempo, algo que no abunda en unos medios devorados por la instantaneidad y noqueados por la cultura de la urgencia que ellos mismos alimentan.

Pero el fenomenal impacto del documental no se explica sin otro factor que tiene que ver con la percepción. Cuando ocurrieron los hechos, en 2006, el movimiento okupa, que en ocasiones ha adoptado formas violentas, era objeto de una intensa campaña de criminalización. El clima social favorecía que las fuerzas de seguridad gozaran de presunción de veracidad. Pero desde entonces hemos visto cómo se torturaba en las comisarías; cómo eran condenados e indultados agentes de diversos cuerpos; cómo se falseaba el atestado policial de la muerte de un empresario mientras era detenido en El Raval; y cómo se negaban los hechos y se cambiaba hasta cinco veces de versión oficial en el caso de Ester Quintana... Y sobre todo, hemos visto cómo los dos principales testigos de cargo del caso 4-F eran condenados por torturar tras falsear un atestado policial en otro caso de abuso policial.

Como consecuencia, allí donde antes había presunción de veracidad, ahora hay sospecha. Por eso la tesis de Ciutat Morta encuentra una receptividad muy favorable. El documental es claramente un alegato de parte, pero ha sembrado grandes dudas sobre la instrucción y ha alimentado la convicción de que la verdad judicial no coincide con la verdad de los hechos. Esta, la verdad factual, existe y debería ser un imperativo democrático descubrirla y actuar en consecuencia.