La comunidad educativa se une para paliar la implantación de la ‘ley Wert’

Pensar medidas paliativas. Frenar el impacto. Minimizar los efectos. La comunidad educativa andaluza coincide en que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) —conocida como ley Wert— no es conveniente para los alumnos. Ve la norma, aprobada en solitario por el PP, como una obligación que llega sin consenso, que amenaza a la igualdad y con poco tiempo para ser implantada. La Consejería de Educación se ha reunido estos últimos días con directores, profesores, inspectores, orientadores, sindicatos y miembros de enseñanza concertada para analizar su aplicación en Andalucía.

El plan es programar entre todos los pasos a seguir para implantar la ley con seguridad jurídica y, según coinciden, garantizar la igualdad entre alumnos y la calidad en la educación. Los cambios se han realizado ya de forma transitoria en tres cursos de primaria y 1º de Formación Profesional Básica (FPB) y se harán también, a partir del próximo septiembre, en 2º, 4º y 6º de primaria, 1º y 3º de secundaria, 1º de bachillerato y 2º de FPB.

Los desafíos pasan por desarrollar 116 materias, pensar sus contenidos, escribir los currículos, ajustar los cambios de horarios u organizar nuevos planes de estudios. “Es un trabajo muy difícil y hay muy poco tiempo para ello”, declara Amparo García, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos (Adian), que ha pedido junto a los profesores formación tanto para gestionar los centros como para impartir los contenidos.

La premura sobrevuela su gestión y la escolarización del alumnado es del 1 al 31 de marzo, por lo que la oferta educativa de cada centro debería estar terminada en esa fecha. Según Educación, la programación in extremis establece que haría falta: un mes para estudiar la normativa estatal, —publicada el 3 de enero— y ver su repercusión en los reglamentos y en las plantillas de personal además de diseñar los itinerarios. Más de 30 días para plantear los currículos y otro mes para ofrecer un borrador a las organizaciones. “A partir de ahí se comenzaría a tramitar la publicación del borrador andaluz del Proyecto de Decreto, que al menos necesita seis meses”, añaden desde Educación.

La oferta de materias de cada centro deberá estar el próximo marzo

Andalucía ha solicitado al ministerio, junto a otras cinco comunidades, una moratoria en la aplicación de la ley, pero ha sido denegada. “No vamos a ser insumisos, tendremos que aplicarla, pero pondremos medidas paliativas”, ha dicho esta semana el consejero de Educación, Luciano Alonso. “La comunidad nos demanda que apliquemos una metodología idéntica a la del año pasado para primaria, de consenso, aunque para secundaria y bachillerato será más compleja porque hay más cambios. Lo que no vamos a permitir es que pase lo que ha ocurrido con 1º de FPB”, declaró Alonso. Se refiere a las 2.000 plazas de 1º de FPB que quedaron sin cubrir por los retrasos en las ofertas y las gestiones confusas de formalizaciones de las matrículas.

Otra de las novedades de la ley y que según la comunidad educativa generará desigualdades es la realización de un examen externo, la reválida. “Se harán listas de resultados por centros y esto perjudicará a las zonas deprimidas”, declara José Manuel Sixto, presidente de la asociación de directores de centros de primaria Asadipre. Educación, que ve que las academias privadas pueden enriquecerse con la preparación de este examen, procurará que sean los mismos profesores de los centros los que hagan la prueba.

Según el borrador del decreto de primaria, que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) estos días, Educación ha visto otra forma de paliar la ley con la inclusión de la asignatura Valores Sociales como alternativa a la Religión en el bloque de específicas y Educación para la Ciudadanía en el de libre configuración.