La UE alerta de un desvío de 11 millones en una ayuda para regantes

La Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) alerta de un desvío de fondos de 11 millones en una ayuda para modernizar una red de riego en las marismas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla. El informe es muy duro, resalta “graves irregularidades” y avanza los próximos frutos de la investigación que en paralelo dirige el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla con la Guardia Civil, y que afecta a exdirigentes de la Consejería de Agricultura, que vehiculó las ayudas de Bruselas por un total de 40 millones.

“Hay indicios para pensar que se han cometido delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”, resume el informe firmado por el secretario general de la OLAF, Giovanni Kessler, remitido al magistrado Juan Gutiérrez y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

La investigación se inició en 2012 tras la denuncia de la propia comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, que sospecharon de la gestión de sus anteriores dirigentes. Ahora, tras más de dos años, la OLAF concluye que el concurso público se adjudicó a empresas que no presentaron la mejor oferta y por tanto denuncia un amaño orquestado por la cúpula de la comunidad de regantes con la connivencia de la Junta, por lo que varios funcionarios están imputados en la causa.

Al margen de la “participación activa” de funcionarios, el informe alerta de que las autoridades de la Junta “incumplieron su obligación” de confirmar que el proyecto se ejecutó conforme a la ley. A continuación, abunda: “Las irregularidades denunciadas habrían sido conocidas y consentidas por la Consejería de Agricultura, ya que el personal de ésta habría supervisado el procedimiento de adjudicación de las obras y firmado las certificaciones de obra”.

Los investigadores apuntan los ilícitos penales: “Podría ocurrir que miembros de la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes se hubieran beneficiado del sobrecoste facturado, a través de la adjudicataria de las obras o de los subcontratistas de ésta”. El concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Befesa-Alpi. La Junta autorizó una “modificación irregular del proyecto”, destaca el informe, que apunta a que las anomalías destapadas “podrían extenderse a otros proyectos de la misma medida gestionados por la Junta”, sin que los investigadores aclaren los indicios que les llevan a extrapolar las irregularidades a otras subvenciones.

El informe subraya que el procedimiento previsto en el pliego de condiciones fue ignorado. “Al final, el órgano de contratación no adjudicó el contrato al licitador con más puntuación, que era también el que ofertaba el mejor precio de los cinco finalistas”. Los tres investigadores de la OLAF subrayan la clave del supuesto amaño: “El contrato se adjudicó al licitador que tenía lazos con el órgano de contratación a pesar de que debía de haber sido excluido por incumplir los criterios de capacidad técnica”. La mesa de contratación impuso a la UTE ganadora que subcontratara a dos empresas locales, a pesar de que su oferta era un millón más cara que el licitador con mejor puntuación.

El proyecto, que está sin concluir y presenta “graves deficiencias”, se incrementó en 1,6 millones e incluye “obras falsas” por 2,9 millones, tal y como estableció un informe técnico de Ayesa Ingeniería. La Guardia Civil ya pidió al juez del caso la imputación del secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, antaño director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura.