Las redadas en A Pedra amenazan el auge del Casco Vello de Vigo

Como cada viernes desde el 26 de diciembre, medio centenar de comerciantes del tradicional mercado vigués de A Pedra se concentraron el pasado día 9 de forma silenciosa en la zona para desplegar una única pancarta: “Queremos traballar”. Y así lo harán todas las semanas hasta que se resuelva el cierre forzoso de 39 puestos de venta que decretó la jueza tras la redada policial del 17 de octubre, en la que se requisó un importante número de artículos, principalmente ropa y calzado, por supuesta falsificación de marcas conocidas.

 Aquel día, con la zona repleta de turistas que viajaban a bordo del crucero Independence of the seas, un centenar de agentes de la policía nacional tomaba la zona para desarrollar la Operación Cuarzo, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. Hubo 11 detenciones, pero son ya 60 los imputados en una causa abierta por presuntos delitos contra la propiedad industrial, contrabando, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es esta última acusación la que impide que el popular mercadillo, una de las atracciones turísticas de Vigo, recobre parcialmente la normalidad, ya que conlleva la suspensión cautelar de las actividades.

“No queremos eludir ninguna responsabilidad, solo que se permita trabajar a los vendedores con todas las garantías mientras en el juzgado se sustancie la causa”, explica el portavoz del colectivo, Anxo Méndez. Transcurridos casi tres meses desde el cierre de los establecimientos, la situación económica de muchas familias comienza a ser “más que delicada”. Y como la instrucción judicial puede prolongarse durante muchos meses, el temor ha hecho presa de los comerciantes. “No sé cuánto podrán aguantar la mayoría, hay que tener en cuenta que es gente muy humilde”, añade Méndez.

No solo los propietarios de los establecimientos clausurados acusan el golpe. Todo el entorno de A Pedra nota la ausencia de clientes, particularmente los nueve que no se vieron implicados en la Operación Cuarzo (una administración de lotería, joyerías, restaurantes y pequeños bazares). Y la alarma se extiende por una parte muy importante del Casco Vello vigués, una zona histórica que por primera vez tras décadas de ocaso comenzaba a emitir señales de revitalización urbanística y comercial.

El mercado de A Pedra figura en todas las guías turísticas de la ciudad. Aunque está lejos de lo que fue en su apogeo, hace más de 20 años, hasta la redada eran cientos los visitantes que se paseaban a diario por esta bulliciosa zona, a la caza de alguna ganga principalmente en ropa y tecnología. El impacto mediático de la operación ha puesto sobre aviso a los turistas. “Ya no vienen, y los que vienen se van en cuanto ven que la mayoría de los puestos están cerrados”, lamenta un comerciante de la zona. “Y lo peor no es que se vayan o dejen de venir a A Pedra, sino que escapen de la zona histórica”, añade. La popular calle de As Ostras, muy cercana, es una de las grandes perjudicadas.

Las solicitudes remitidas por la defensa a la juez para que retire la imputación por blanqueo de capitales, o que dicte en su defecto una medida cautelar que permita la apertura de los establecimientos, han caído hasta ahora en saco roto. “Los vendedores quieren despachar mercancía legal, género que no cree problemas con la justicia, Hacienda o el Servicio de Vigilancia Aduanera, porque para la mayoría es la única fuente de ingresos de la que disponen, pero el juzgado se lo está denegando constantemente”, afirma el portavoz del colectivo, que advierte que son muchos los mercados que siguen ofreciendo marcas falsificadas sin que se tomen medidas tan drásticas.

Pero no todos los imputados son pequeños comerciantes. Otros 21 implicados no tienen nada que ver con la venta al público, sino con la organización logística de una supuesta trama que, según sospecha la juez, ha permitido amasar una pequeña fortuna a algunos de sus promotores. De las dimensiones de los intereses económicos que genera el mercado de A Pedra da una idea la supuesta implicación de una jefa policial de Vigo y su marido, también policía, acusados en febrero de 2014 por la Guardia Civil por un supuesto chivatazo de una actuación policial anterior.

La juez excluyó en la redada del pasado octubre a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) para evitar filtraciones como la que se produjo en diciembre de 2013. En esa fecha, pese al supuesto chivatazo, la policía incautó un gran almacén de ropa, más de 50.000 prendas y 8.750 cajetillas de tabaco y detuvo al presunto cabecilla de la trama junto a su mujer, dos empleados y un cabo de la Guardia Civil acusado de darles cobertura.

Pero los comerciantes argumentan que ni las dimensiones de la trama ni el valor de las falsificaciones justifican lo que consideran una “alarma desproporcionada”: la que desató una agencia gubernamental de Estados Unidos al incluir el mercado vigués en una lista negra de la piratería internacional. Un informe de la Representación Comercial de la Casa Blanca, conocido el pasado septiembre, citaba a A Pedra en una relación de los mercados del mundo que perjudican a las empresas y menoscaban a los trabajadores mediante la violación de los derechos de propiedad intelectual.

El documento de la Administración Obama destacaba la condición de Vigo como “puerto de escala para muchas líneas de crucero” y alertaba de que el mercado, pese a no ser tan grande como otros en España, tenía el agravante de “operar bajo supervisión y control del gobierno municipal”. “No puede ser casualidad que, solo un mes después de que trascendiese esa información, se organizara una redada tan espectacular”, analiza un vendedor de la zona, que cree reforzadas sus sospechas por la coincidencia de la operación policial con la escala en Vigo del Independence of the seas con 5.000 cruceristas a bordo, muchos de ellos estadounidenses.