El desfile judicial de los Pujol

Oriol Pujol Ferrusola, el único hijo del expresidente de la Generalitat que había seguido su carrera política, declarará hoy ante la juez acusado de delitos de cohecho y falsedad documental. Oriol, que como consecuencia de los escándalos judiciales tuvo que dimitir primero como secretario general de CDC y después como diputado en el Parlamento catalán, deberá aclarar si cobró a un empresario amigo por usar su influencia política en varias operaciones empresariales.

El exdiputado comparece ante la juez de Instrucción número 9 de Barcelona —que también investiga el caso de las adjudicaciones de estaciones de ITV— después de que lo hagan el empresario Sergi Alsina y Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol. El fiscal los acusa de organizar un triángulo delictivo. Según las investigaciones, Alsina contrató a Anna Vidal para realizar diferentes trabajos de asesoramiento en operaciones empresariales entre 2010 y 2012. Para la fiscalía, esa contratación era un simulacro. Anna Vidal cobraba sin realizar ningún tipo de trabajo. El ministerio público considera que Oriol Pujol “utilizaba sus múltiples influencias políticas” para beneficiar a Alsina y este pagaba por las gestiones a través de Anna Vidal.

El fiscal asegura que el importe de las facturas giradas y cobradas por la esposa del exsecretario de CDC es de 499.060 euros. Una de las operaciones de las que se les acusa es la venta de la planta de la empresa Sharp en Sant Cugat del Vallès. La compañía del imputado Sergi Alsina fue contratada para realizar esta operación. Este se puso en contacto con Oriol Pujol, que mantuvo reuniones con uno de los interesados en la compra de la planta y les facilitó el acceso a altos cargos e incluso al propio Artur Mas.

Una de las operaciones de las que se les acusa es la venta de la planta de la empresa Sharp en Sant Cugat

La investigación también considera que Oriol Pujol intermedió cuando contrataron a Alsina para crear un parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y una carpa en las instalaciones de la empresa. El hijo del expresident intervino supuestamente ante el alcalde de Martorell para recalificar los terrenos de uso industrial y adjudicar la carpa.

La fiscalía acusa al triángulo formado por Pujol, Alsina y Vidal de realizar operaciones similares en los casos de los traslados de las centrales catalanas de las firmas Yamaha y Sony.

En los próximos días, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona citará a más testigos entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Barcelona y el alcalde de Martorell, Salvador Esteve; el presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco, y varios empresarios.

El próximo martes 27 de enero Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere comparecerán como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. El juez imputó el pasado mes de diciembre a los cinco miembros de la familia Pujol-Ferrusola tras considerar que hay indicios suficientes para acusarles de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El juez considera muy sospechoso que la fortuna provenga de una herencia que llevaba 34 años sin documentarse tal y como confesó el expresident.

La semana pasada, el letrado de Jordi Pujol aportó el testamento del padre del expresident, Florenci, en el que no figuraba la fortuna que supuestamente el expresidente ocultó en el extranjero para que los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola pudieran disponer de ella una vez alcanzada la mayoría de edad. Por el momento, la juez ha citado a estos cinco miembros del clan familiar. Ellos regularizaron el pasado mes de julio los fondos procedentes de Andorra —unos cuatro millones de euros— a través del Banco de Madrid.

Por su parte, el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, mantiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo y delitos contra la Hacienda. Precisamente, los empresarios Carlos Sumarroca padre e hijo han pedido al juez Ruz que levante su imputación ya que alegan que no existe ninguna prueba de que se beneficiaran de contratos de la Generalitat. Los empresarios afirman que los trabajos contratados por sus empresas a Jordi Pujol hijo fueron prestados y no fueron ficticios. Por otro lado, Oleguer también tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional acusado de presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal. La instrucción del caso intenta averiguar de dónde proceden los millones utilizados para la compra de edificios y oficinas bancarias distribuidas por toda España.