La juez de un fraude fiscal es inquilina de un socio de dos imputados
El casero de la instructora figura en el sumario por sus inversiones con los acusados
La juez que instruye desde hace seis años un presunto fraude millonario en la empresa Grúas Estación, una de las grandes firmas del sector con sede en Padrón, vive de alquiler en un piso propiedad de un socio de los principales imputados en la causa. Según consta tanto en el Registro Mercantil como en un informe incorporado al sumario, Francisco Manuel Guillán García, casero de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón, Berta Vidal Gallego —según ella misma ha reconocido tras las comprobaciones de este periódico—, fundó en 2007 la sociedad Grupo Inversor de Padrón, SL con Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, ambos imputados en la causa de Grúas Estación, en la que se indagan presuntos delitos fiscales, de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falsedad en cuentas anuales, entre otros.
Vidal Gallego, a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza, ha rehusado explicar su relación con Guillán García. El alto tribunal también se ha negado a aclarar si considera correcto el vínculo que mantiene la magistrada con el hombre que hizo negocios con los imputados, alegando que “rechaza facilitar cualquier información sobre la vida personal de los jueces, en particular cuando no existe ninguna queja o denuncia al respecto en trámite”.
Un informe aportado al sumario en 2009 por el denunciante del caso Estación y en el que se analizan las inversiones realizadas por Montenegro y Mosquera con dinero presuntamente defraudado a Hacienda, revela que el Grupo Inversor de Padrón, la compañía creada mano a mano con el casero de la juez, fue utilizada para adquirir cuatro propiedades: una casa con finca en Boiro, así como dos viviendas y terreno en otro solar en Padrón. A estos bienes, la empresa de los imputados y del casero de la instructora del caso destinó entre 2007 y 2008 casi 800.000 euros, según consta en el sumario.
Además de negocios, Guillán García y los dos principales acusados del presunto fraude comparten amistad desde hace años. Así lo aseguraba El Correo Gallego al recoger en enero de 2008, cuando el caso ya estaba siendo investigado, una comida de “un grupo de amigos” para degustar lamprea a la que asistieron Montenegro, Mosquera y Guillán. La instrucción del sumario comenzó en 2004, por la denuncia de otro de los socios de Grúas Estación, Serafín Montenegro, quien sostiene que su hermano Santiago y Carlos Mosquera gestionaron el grupo a través de una contabilidad b que engordaban con pagos de clientes sin factura y de proveedores ficticios. Según su versión, los imputados vaciaron además patrimonialmente la sociedad y adquirieron terrenos, naves e inmuebles a su nombre valorados en varios millones de euros. El denunciante ha acabado imputado también en la causa. La juez ha rehusado el ofrecimiento de este periódico para explicar si conocía la relación de su casero con los imputados en la causa que ella instruye y si ha investigado la actividad del Grupo Inversor Padrón, una sociedad de la que el dueño del piso en el que reside fue administrador hasta 2012. “El tribunal no tiene nada que comentar al no percibir razón alguna para hacerlo”, afirma por su parte el Tribunal Superior a través de una nota.
Berta Vidal se incorporó a la causa en 2008, cuatro años después de la apertura del sumario, que lleva ya una década de instrucción. Aunque un informe oficial cuantificó el fraude en seis millones de euros, el devenir judicial apunta a que los cargos contra los imputados van a adelgazar. La juez ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias en las que se investigaba la actividad del grupo empresarial de Padrón entre 2006 y 2008. Ha ordenado asimismo la revisión del peritaje realizado por un técnico de Hacienda sobre la actividad de la empresa entre 2002 y 2005, después de que los imputados Montenegro y Mosquera se quejaran del método de cálculo. Aquel informe concluía que el Grupo Estación falseó durante estos años “de forma organizada y sistemática los resultados económicos reales de su actividad” e hizo compras ficticias de miles de litros de gasóleo camuflar beneficios y evadir el pago de impuestos. El peritaje asegura que en esos años dejó de ingresar a 2,8 millones a Hacienda.
La juez mantiene a un perito acusado de “ocultar” facturas
La juez instructora del caso Estación ha rechazado la solicitud de recusación de un perito de Hacienda al que el denunciante del fraude, Serafín Montenegro, acusa de “ocultar” facturas falsas emitidas en favor de la empresa por el grupo Las Cinco Jotas. La existencia de estos documentos se conoció después de que el administrador de Las Cinco Jotas, una sociedad implicada en un gigantesco fraude que salpica a 200 compañías de toda Galicia, firmase el pasado 13 de octubre un acta notarial en la que confiesa no solo que elaboró estas facturas falsas en 2007 y 2008 para Grúas Estación sino que también se las entregó a Hacienda. El denunciante pide apartar al perito del fisco que investigó la actividad de Grúas Estación entre 2006 y 2008, José María González Seijo, porque, sostiene, descartó cualquier “defraudación tributaria” pese a conocer las facturas de Las Cinco Jotas.
La juez rechaza apartar al perito esgrimiendo que la ley establece que “la recusación ha de plantearse antes de que comience la diligencia pericial, y no cuando ya está iniciada y prácticamente terminada”. Y niega que se puedan considerar como “hechos y documentos de nuevo conocimiento los derivados de un acta de manifestaciones realizada a requerimiento” del perito del denunciante, Antón Beiras, es decir, la confesión ante notario del administrador de Las Cinco Jotas. Beiras, subraya la magistrada, remitió a González Seijo un escrito con el que pudo incurrir en un “posible” delito de obstrucción a la justicia.
Tras el peritaje de González Seijo que cuestiona el denunciante, la juez decretó el archivo de las diligencias correspondientes a los años entre 2006 y 2008. El rechazo a la recusación ha dado al traste con la solicitud del denunciante de que se reabran y permitirá que este mismo inspector de Hacienda, a petición de los imputados Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, revise, con un método de cálculo que probablemente rebajará las cantidades, un informe anterior de otro técnico del fisco que cifró el fraude, solo entre 2002 y 2005, en seis millones.
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