Una petición de pena benévola libraría del juicio al pederasta de Castelldans

El caso del presunto pederasta de Castelldans (Lleida), David Donet, de 47 años y educador social, ha tomado un nuevo rumbo después de que la Fundación Concepció Juvanteny, encargada de realizar el seguimiento de los niños que tenía acogidos en su casa, haya indemnizado con 204.000 euros a cuatro de ellos y a dos de sus novias, según confirma el abogado de la acusación particular, Francesc Sapena. Esta acción, sin embargo, no interrumpe el procedimiento penal, que está a punto de cerrarse. Una conformidad del acusado con la pena solicitada podría evitar que este se vea las caras con las víctimas en un juicio, algo que podría ocurrir en caso de una petición benévola, según admiten fuentes judiciales.

El auto de procesamiento señalaba como principales víctimas de todo tipo de humillaciones y depravaciones sexuales a siete de los de los 14 niños tutelados por la Generalitat que Donet tuvo acogidos desde 1996 hasta 2013. El juez imputa a Donet un total de doce delitos, siete de ellos por abusos sexuales a menores de 13 años.

El magistrado considera que la Dirección de Atención a la Infancia, dependiente de la Generalitat, es responsable por elegir y avalar a Donet y la Fundación Concepció Juvanteny, por falta de vigilancia en el proceso de acogimiento de los menores.

Sapena ha explicado que, una vez indemnizados los niños, mayores de edad en la actualidad, la acusación queda en manos de la fiscalía. El acuerdo de indemnización afecta a cuatro menores (tres recibirán 45.000 euros cada uno y otro, 53.000) y a dos novias, que fueron grabadas sin su conocimiento con una cámara oculta colocada por el imputado en el interior de un armario de la habitación cuando mantenían relaciones sexuales. Las jóvenes percibirán 8.000 euros cada una.

El juez instructor estableció para las víctimas una indemnización total de 336.000 euros, cantidad de la que hizo responsables solidarias a las aseguradoras de la Generalitat y de la Fundación Concepció Juvanteny, personadas también en la causa como acusación particular contra Donet. Esta última entidad solicitó que no se la considerara responsable civil del caso, pero tanto el juez como la Audiencia de Lleida desestimaron sus recursos.

La Generalitat, que mantiene la doble condición de acusación particular y responsable civil subsidiaria, no ha tenido que hacer efectiva ninguna cantidad y posiblemente no lo tenga que hacer si el tribunal no acuerda lo contrario en la sentencia.

Un portavoz del Departamento de Bienestar Social ha señalado que la relación contractual que tiene con la entidad encargada del seguimiento de los niños establece que es esta la responsable de su control y que por ello se le exigió contratar una póliza de seguro que cubriera situaciones como esta. En este sentido ha añadido que el funcionamiento normal es que la Fundación Juvanteny haya asumido que es la única que debe indemnizar en este caso. Esta entidad sigue colaborando con Bienestar Social en el control de las acogidas de menores.

Sapena considera que la “excepcional, rápida y concreta” instrucción realizada por el juez, la predisposición de la fiscalía al acuerdo y el cambio de enfoque por parte de la dirección letrada de la fundación han facilitado que los menores hayan recibido ya la indemnización como perjudicados del presunto pederasta.

La instrucción de la causa está a punto de entrar en la fase de las conclusiones provisionales, por lo que el juicio podría celebrarse este año. Donet podría enfrentarse a 77 años de prisión si se le impusiera la pena mayor que conlleva cada uno de los doce delitos por los que está acusado, siete de ellos por abusos sexuales a menores de 13 años, dos por confección y tenencia de material pornográfico y tres contra la intimidad.

Fuentes judiciales no descartan que, antes de la vista oral, el imputado acepte la pena que le pida la fiscal del caso siempre que la misma no sea elevada. La conformidad evitaría que el acusado y las víctimas se enfrenten a un largo juicio de tintes escabrosos.