Gelves cree que una parada sin agua ni recursos no es emergencia social

Desempleada desde 2011, una hija a su cargo, un único ingreso de 422 euros de ayuda familiar, sin ayuda de su expareja, ocupa una casa familiar y carece de agua potable. Estas condiciones en las que sobrevive María Sol Barrios, nombre por el que prefiere ser identificada, “no son situación de emergencia social” para el Ayuntamiento de Gelves, gobernado por José Luis Benavente (PP). La vecina ha reclamado al municipio que se le reconozca esta situación para poder disponer de agua potable, pero el alcalde considera que esta circunstancia es un problema familiar.

El asunto ha llegado ya al Defensor del Pueblo, quien estudia la denuncia, y a los servicios autonómicos de Consumo (dependientes de la consejería de Diego Valderas, de Izquierda Unida), que instan a la afectada a iniciar una demanda. La Diputación de Sevilla también conoce la situación y los grupos políticos municipales recibirán en los próximos días una copia de la queja con el ruego de que lo eleven a pleno. Mientras, el alcalde no atendió al llamamiento de la asociación de operadores públicos Aeopas para buscar soluciones y cumplir con el derecho humano al agua defendido a través de #Iniciativagua2015.

Sol Barrios se tuvo que mudar a una casa familiar en Gelves cuando no pudo pagar más el alquiler. Dos hermanas se pusieron en contacto con Aljarafesa, la empresa que presta el servicio al Ayuntamiento, para expresar su disconformidad a que se le dé servicio. La entidad, atendiendo a un reglamento de rango menor que no tiene en cuenta el suministro de un mínimo a cualquier persona, en cualquier circunstancia, se lo denegó.

Según el Ayuntamiento, Servicios Sociales “lleva trabajando con ella desde el 3 junio de 2014, ofreciéndole mediar en el conflicto familiar, ayudándola económicamente…”

También afirma el gobierno del PP en esta localidad sevillana que la “falta de suministro de agua no es un problema de Servicios Sociales si no un problema familiar”. La vecina ha solicitado un Informe de Emergencia Social para reclamar a Aljarafesa un mínimo de agua potable. Pero “el Ayuntamiento no ha emitido el documento solicitado porque entiende que no se encuentra en situación de emergencia social”.

El problema podría remediarse con solo establecer un punto de suministro provisional no vinculado a la vivienda, pero ninguna de las partes ha sido capaz de promover esta salida u otra, por lo que las dos mujeres se tienen que abastecer de agua no potable pese a tener la red disponible sin coste alguno.

La vecina ha elevado la queja al Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, que recientemente abogó por una regulación definitiva que garantice el acceso al agua como derecho mínimo.

Durante las jornadas Pobreza energética, pobreza hídrica y garantía de suministros mínimos, el defensor afirmó que esta situación la sufren 300.000 hogares y afecta a los colectivos más débiles: los menores y las mujeres con hijos a su cargo. En las jornadas también intervino Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable de los servicios de consumo que han instado a la afectada, que carece de recursos, a emprender una demanda judicial contra sus familiares. La formación de Diego Valderas se comprometió a asegurar un suministro mínimo donde gobernara.

El defensor alertó sobre cómo la falta de unos suministros mínimos incrementa el riesgo de caer en exclusión y se sumó a la defensa de estos como derecho, en línea con Naciones Unidas, el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo.

En este sentido, el Defensor del Pueblo confió en el cumplimiento por parte de la Junta del compromiso de “aprobar en esta legislatura una norma que ofrezca soluciones a los problemas de pobreza energética y pobreza hídrica”.