Bildu siembra de procesos judiciales su gestión política en Gipuzkoa

La bancarización de Kutxabank, los contratos para financiar la construcción de la incineradora de Zubieta, el proceso de segregación del barrio donostiarra de Igeldo, las obras del tren de alta velocidad y, más recientemente, la querella contra antiguos responsables de la sociedad foral Bidegi. Son algunos de los frentes judiciales que la Diputación de Gipuzkoa ha abierto a lo largo de esta legislatura. Bildu ha salpicado su mandato de decisiones que se han resuelto o siguen despachándose en los tribunales. En otros muchos casos, se ha visto inmerso en procesos abiertos en su contra por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, quien se ha prodigado en recursos contra numerosas decisiones políticas del gabinete de Martin Garitano.

“Me sorprende que Bildu tenga tantos frentes judicializados”, ha asegurado el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, quien en el verano de 2013 abrió unas diligencias informativas para investigar la gestión de la incineradora y que posteriormente decidió sobreseer de forma “provisional”. “Toda judicialización da una mala imagen a la ciudadanía. Es la señal de que no se ha podido arreglar de forma acordada”, sostiene el fiscal.

La cruzada judicial arrancó a comienzos de 2012 con la presentación de una demanda contra la composición del consejo de administración de Kutxabank, considerar que la decisión de reducir sus miembros de 20 a 15 perjudicaba a la caja guipuzcoana. Un juzgado donostiarra desestimó la denuncia y cargó las costas del juicio a las arcas forales.

La transformación de la gestión de los residuos ha sido uno de los principales caballos de batalla para Bildu, que consumó a finales de 2013 con la rescisión del contrato para ejecutar la incineradora. Previamente, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlada por la Diputación, llevó a los tribunales a Banesto, La Caixa y la consultora Pricewaterhouse por los productos que se contrataron con las entidades bancarias (swap), estando el PNV en el poder en la anterior legislatura, para financiar la polémica planta de combustión. La sentencia está redactándose y podría hacerse pública en los próximos días, según fuentes judiciales.

El Gobierno de Bildu también anunció un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que suspendió el decreto foral que permitía la desanexión de Igeldo tras una consulta popular celebrada en este barrio de San Sebastián que dio como resultado una mayoría a favor de la segregación.

Otro contencioso legal promovida por la institucional provincial tiene que ver con una vieja reclamación a los Gobiernos central y vasco por unas obras del tren de alta velocidad que la Diputación ejecutó en el anterior mandato y que Eusko Trenbide Sarea (ETS) y ADIF debían costear. Este pasado verano, inició los trámites para acudir a los tribunales y recuperar los 7,5 millones que el Ejecutivo foral dice tener pendientes de cobro.

La gestión de las carreteras también ha terminado en los tribunales. Es, junto con el asunto de las basuras, el principal campo de batalla entre Bildu y el PNV. Primero aprobó una “declaración de lesividad” del contrato que la Diputación gobernada por el PNV firmó con Bidelan para el mantenimiento de las carreteras, aunque se logró un acuerdo con esta compañía. A mediados de noviembre pasado, interpuso una querella, que ha sido admitida por el juez, por malversación contra un exdirector de Bidegi y dos responsables de empresas constructoras por el pago de 3,4 millones que no se ejecutaron en las obras de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria).

A estos pleitos hay que añadir la denuncia que la patronal Adegi interpuso en marzo de 2013 contra la Diputación por injerencia en el conflicto de las residencias de ancianos y otra contra el diputado Ander Rodríguez que el juez decidió archivar.