El Consell evita buscar responsables por deudas de Ciegsa que debe asumir

El proceso de reconversión del sector público empresarial de la Generalitat ha encontrado algunos escollos. Uno de los mayores dolores de cabeza para la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Carlos Moragues, ha resultado el proceso de cierre de la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), a cuya financiación todavía dedicaban 33 millones de euros los presupuestos del año 2014, que ahora termina. Si todo el sector público y fundacional, por su opacidad, era una auténtica “centrifugadora” de la deuda de la Generalitat, Ciegsa, la empresa creada para la construcción de colegios, ha revelado ser un pozo más profundo de lo que parecía.

El cierre de la empresa que construía colegios es accidentado

Así, en 2012, al clarificar las cuentas para poder acogerse a mecanismos de rescate del Gobierno de España como el Fondo de Liquidez Autonómico o el Plan de Pago a Proveedores, emergió una deuda de más de 2.000 millones de euros de la Generalitat por la construcción de colegios. La Sindicatura de Comptes, que venía reclamando reiteradamente que el Consell reconociera en sus cuentas el valor de los centros educativos que Ciegsa iba poniendo a disposición de la Generalitat, señala en su informe de fiscalización del año 2013, presentado hace unos días, que el valor contabilizado en el inventario de bienes y derechos de la Generalitat es el mismo que a finales de 2012 porque en 2013 no hubo “nuevas adiciones”. La razón es que las consejerías de Hacienda y de Educación “no han facilitado información respecto a los centros incorporados al inventario”.

Sin embargo, sí que hubo “asunción y compensación de deudas” de Ciegsa en 2013. La Sindicatura detalla un acuerdo del Consell del 22 de noviembre para la subrogación de una operación financiera por 31,5 millones y “la extinción de la deuda asumida hasta dicho momento mediante su compensación con parte del derecho de crédito que Ciegsa ostenta frente a la Generalitat”. En conjunto, la Generalitat, asumía en ese momento un total de 1.734 millones de deuda en sus cuentas. Todavía posteriormente, el 29 de noviembre, el Consell se subrogó de dos nuevas operaciones financieras por 41,1, millones de euros y acordó la extinción de la deuda “en los mismo términos que en el acuerdo anterior”.

La Sindicatura considera “importante destacar” en ese punto que en el acuerdo del 22 de noviembre de 2013 el Consell decidió que “a efectos del reconocimiento de las obligaciones de la Generalitat frente a Ciegsa, se entiende que no procede la aplicación de lo previsto en el artículo 59 bis del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, en la medida que este precepto vincula el reconocimiento de estas obligaciones a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en la tramitación de un expediente por enriquecimiento injusto”.

Dicho de otra manera, el Consell decidió no aplicar el artículo que ordena la apertura de un informe por parte de la Intervención General de la Generalitat sobre el origen y las eventuales infracciones cometidas y que establece que “la resolución favorable del procedimiento regulado... no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar”.

El informe de la Sindicatura de Comptes también destaca que el Gobierno valenciano acordó “que la Dirección General de Patrimonio realice las oportunas anotaciones en el Inventario de Bienes de la Generalitat” y la realización de un “control financiero” por la Intervención General sobre las actuaciones realizadas en Ciegsa desde su puesta en marcha en 2001. “A la fecha de redactarse este informe no se tiene constancia de la ejecución de estos dos últimos aspectos”, advierte.