Alaya pide a la Junta informes de tres años de todas sus empresas públicas

Ver si en otras empresas públicas se repitió el modelo de gestión económica irregular de la agencia Idea, por el que la entidad recibía transferencias de financiación sin controles. La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido a la Intervención General y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la información “íntegra” relativa a los programas de control financiero permanente de todas las empresas públicas en los años 2005, 2006 y 2007. En un auto del pasado 23 de diciembre, solicita además a la Intervención General los informes adicionales “con su correspondiente notificación” que se hubiesen realizado en Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa “o cualquier otra empresa pública”, se lee en el texto.

La intención de la magistrada es determinar, según el auto, el posible “paralelismo entre lo acontecido” en la agencia Idea “con lo ocurrido en estas otras empresas públicas”. Y considera “especialmente importante” para la instrucción los ERE “conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta”, entre ellas Idea.

Con esta acción, más allá de ir cerrando este caso que lleva casi cuatro años de instrucción y acumula 229 imputados, la juez amplía su investigación con la posibilidad de implicar a nuevas entidades y de aumentar la lista de imputados. Pero ella no es la única magistrada que investiga a las empresas públicas en Sevilla. Esta demanda de información podría chocar con el trabajo que ya realiza el juez que instruye el caso Invercaria, Juan Gutiérrez, que solicitó en noviembre de 2013 investigar a nueve entidades públicas con el objetivo de examinar la gestión de los fondos públicos en la Junta a través de las transferencias de financiación (mecanismo de pago utilizado habitualmente por numerosas Administraciones, y también para abonar los ERE). Si se solapan las competencias entre los dos jueces, el ministerio fiscal tendría que determinar cual debería proseguir con la investigación.

Con este nuevo auto, la juez ha dado salida a una solicitud enviada por el PP (personado en el caso), también en noviembre de 2013, en la que requerían esas directrices del Consejo de Gobierno para ver si el método utilizado en la agencia Idea se aplicaba al resto de consejerías.

La secretaria general del PP en Andalucía, Dolores López, ha considerado este viernes que las peticiones de la juez vienen a “ahondar aún más en la sospecha de la absoluta falta de control de los fondos públicos que ha habido en la última década por parte de los gobiernos socialistas andaluces”. El consejero de Justicia y fiscal en excedencia, Emilio Llera, se ha preguntado de dónde sacará el tiempo la juez para estudiar esta nueva cuestión y ha asegurado que no se ha leído el auto, “ni piensa leerlo”.