La Generalitat sale al rescate de la estación de esquí de Boí Taüll
El Ejecutivo catalán asumirá un préstamo de 7,3 millones
La Generalitat sigue invirtiendo en el negocio deficitario de la nieve. Seis de las diez estaciones de esquí alpino que hay en Catalunya ya están en sus manos. Había rescatado a través de la empresa pública FGC La Molina, Vall de Núria, Valter 2000, Espot Esquí y Port Ainé. Y, a partir de hoy también es la propietaria de la estación de Boí Taüll, sumida en una grave crisis económica desde hace años.
El Gobierno catalán ha aprobado este martes la adquisición, a través de Avançsa (Empresa de Promoción y Localización Industrial de Catalunya, órgano dependiente del Departamento de Empresa y Ocupación), de los activos de Promocions Turístiques de la Vall, la sociedad que gestiona la estación de Boí Taüll, cuyo principal accionista es el grupo inmobiliario madrileño Nozar. Esta operación, realizada bajo la fórmula de la dación en pago, permitirá mantener la actividad y la totalidad de los puestos de trabajo de la estación.
La Generalitat pasará a ser la propietaria de Boí Taüll mediante la adquisición, a través de Avançsa, del crédito de 7,3 millones que la empresa Promocions Turístiques de la Vall tenía con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). También aportará otro millón de euros por la compra de los activos necesarios para mantener la actividad del complejo.
El acuerdo prevé que la empresa Promocions Turístiques de la Vall continuará gestionando la estación durante los próximos cinco años, a través de un contrato de arrendamiento que incluye la opción de compra al finalizar dicho período. Las dos partes se comprometen a elaborar un plan de negocio con inversiones conjuntas para modernizar la estación.
El Gobierno pone un millón de euros más y Nozar mantiene la gestión
La Generalitat, que ya llevaba dos años acudiendo al rescate de Boí Taüll mediante operaciones crediticias, considera que esta solución permitirá mantener la actividad y los puestos de trabajo en las instalaciones, ubicadas en la comarca de la Alta Ribagorça.
El funcionamiento de la estación, principal activo económico de la comarca, ha estado condicionado en los últimos tiempos por la conflictividad laboral que arrastra desde que la empresa presentó un concurso de acreedores. A la presentación del concurso le siguieron varios expedientes de regulación de empleo y convocatorias de huelga de los empleados para reclamar los salarios impagados.
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