Multa de 1,7 millones por limitar la competencia en servicios funerarios

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha impuesto cinco multas que suman 1,7 millones a Áltima Serveis Funeraris, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y a los organismos gestores de los hospitales de Bellvitge, el Duran i Reynals y el General de l’Hospitalet por haber impedido que empresas funerarias que no fueran la primera pudieran acceder a estos centros para trasladar los cadáveres de fallecidos a pesar de contar con la autorización de los familiares. La Acco, que insta a estas entidades a “abstenerse” de “realizar conductas similares”, señala que estas prácticas se produjeron en algunos casos durante seis años, en concreto entre 2008 y 2013.

Competencia, un organismo dependiente de la Generalitat, abrió expediente a raíz de una denuncia de Serveis Funeraris Esteve contra Serveis Funeraris L’Hospitalet (SFH), actualmente denominada Áltima. El escrito denunciaba que le fue “imposible” recoger un difunto del Hospital Universitario de Bellvitge y trasladarlo hasta Sant Sadurní d’Anoia, donde debía ser inhumado. Según el denunciante, el centro hospitalario gestionado por el Instituto Catalán de Salud (ICS) le informó que la única funeraria con autorización municipal para desempeñar esa tarea era SFH.

Competencia abrió expediente a raíz de una denuncia de Serveis Funeraris Esteve contra Serveis Funeraris L’Hospitalet (SFH), actualmente denominada Áltima

Las investigaciones de la autoridad arrojan que la empresa de L’Hospitalet realizaba el 100% de los traslados de Bellvitge, entre el 92% y el 94% de los del Duran i Reynals, y entre el 83% y el 97% de los del Hospital General de L’Hospitalet. Dos de esos centros, además, habían firmado convenios con SFH. En el caso de Bellvitge, los trabajadores del centro tenían un descuento del 5% en los servicios de la funeraria y su instituto de investigación recibía 80.000 euros al año, mientras que en el del Duran i Reynals había la misma oferta y se subvencionaban cursos de formación. Además, la Acco recopila varias comunicaciones en las que el Ayuntamiento habría indicado “que SFH es la única empresa con autorización administrativa para proceder a la retirada de difuntos en estos centros”.

Áltima ha sido multada con 800.000 euros, el Ayuntamiento de L’Hospitalet, con medio millón; el ICS, como gestora de Bellvitge, con 300.000 euros; el Instituto Catalán de Oncología, como administrador del Duran i Reynals, con 100.000, y el Consorcio Sanitario Integral, que se encarga del Hospital General de L’Hospitalet, con 25.000 euros.