Dani Fernández se aferra al escaño y no dimite para no dejar de ser aforado

El diputado del PSC Daniel Fernández mantendrá su escaño en el Parlament para que le pueda juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el mes de enero por un delito de tráfico de influencias y esquivar así la justicia ordinaria, lo que supondría un retraso del juicio en unos dos años. Será el primer diputado en acogerse a un artículo del reglamento de la Cámara que permite privarle del sueldo y del derecho a voto, pero solo de manera transitoria, y manteniendo su condición de aforado.

Con el calendario en la mano, Fernández solo estará privado de esos derechos unos días. Para que se le aplique la suspensión, primero lo ha de solicitar el diputado y todavía no lo ha hecho, aunque tiene previsto cumplir el trámite esta semana. Sin embargo, la suspensión no entrará en vigor hasta que lo aprueba el Pleno de la Cámara. Y eso no sucederá, como pronto, hasta el 21 de enero. Para entonces faltará una semana para que empiece el juicio contra él, y la sentencia puede estar en apenas diez días. Es decir, Fernández dejará de cobrar como diputado y no podrá votar apenas 15 días.

Su estrategia está enfocada, como él reconoce, a lograr la rehabilitación política, sin dejar el escaño, en caso de que se le absuelva. “Si me condenan, dejaré el escaño”, explica. Fernández dijo que renunciaría al escaño cuando se abriese juicio oral, lo que ya sucedió el 17 de octubre. Ahora opina que “dejar el escaño habría sido perjudicar al PSC, porque perdería un diputado” y que ha esperado a saber la fecha del juicio.

Su decisión de aferrarse al cargo está avalada por la dirección socialista, con Miquel Iceta a la cabeza. Sin embargo, contradice el código ético del PSC aprobado en el último congreso ordinario de 2011, en el que se dice que “si el o la militante fuera objeto de una inculpación judicial y resultara procesado, tiene la obligación de poner su cargo a disposición del partido”.

Fernández argumenta que ya renunció a la secretaría de organización del PSC, a ser miembro de la ejecutiva y a la presidencia de la comisión de juventud del Parlament. Continúa, sin embargo, como militante y diputado. Fernández está acusado de tráfico de influencias por presionar a la alcaldesa de Montcada, —junto con el entonces alcalde de Sabadell, Manuel Bustos y su hermano, el concejal Francisco Bustos— para que aquel ayuntamiento contratase a un cargo de confianza. El fiscal le pide dos años de cárcel, 60.000 euros de multa y seis años de inhabilitación. Es una derivada del caso Mercurio de corrupción urbanística, pero que se ha instruido con cierta celeridad en el TSJC porque Fernández es diputado.

“Yo no soy un corrupto ni me he hecho rico con la política”, insiste. Sin embargo, su actuación contradice el programa del PSC de las autonómicas del 2012, en el que se prometían medidas para que “los ciudadanos puedan confiar en que, inocente o culpable, los problemas judiciales de una persona imputada por corrupción económica o delitos penales quedarán aislados de sus responsabilidades”.