La cronología de un desaguisado

29 de diciembre de 2012. La Generalitat adjudica al consorcio liderado por Acciona la gestión de ATLL. El grupo constructor se impone a Agbar gracias a su oferta económica, que supone una media de ahorro para los hogares de 17 millones de euros. En la oferta técnica ganó la filial de Suez. En el momento de la firma el Gobierno catalán se asegura unos ingresos de 298,65 millones de euros y apuntarse 995,5 millones (el valor de un contrato de 50 años) menos de déficit en el presupuesto de ese año.

2 de enero de 2013. El OARCC, que depende de la Generalitat, resuelve a favor de un recurso de Agbar y dice que el concurso debe anularse. El argumento: la adjudicataria había presentado un plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribución del agua en un tiempo superior al que fijaba el pliego de condiciones (10 años como máximo). Se le dio cero puntos en ese apartado, pero Agbar denunció que incumplirlo quería decir quedarse fuera del concurso, lo que admitió el organismo de la Generalitat.

Enero de 2013. Empieza la guerra judicial que ahora se da por acabada. Agbar exige ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ejecute la resolución del OARC, que, según las directivas europeas, es ejecutiva. La Generalitat, Acciona y BTG Pactual presentan recursos por separado para evitar la ejecución de la resolución. El Gobierno catalán asume en su escrito que no podría asumir la indemnización “de magnitudes extraordinarias” y carga contra la actuación del OARCC por “falta de rigor” y por haber resuelto sin pedir ni ver la oferta de Acciona. También que diera permiso primero para firmar el contrato para días después anularlo.

Marzo de 2013. Primer varapalo judicial. El TSJC rechaza las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat para evitar ejecutar el fallo del OARCC. El anuncio del tribunal se produce justo cuando los consejeros Santio Vila y Andreu Mas-Colell comparecen en el Parlament para dar su versión del concurso. Las caras son largas.

Abril de 2013. Leonard Carcolé, director de la Agencia Catalana del Agua y diseñador de la operación de la privatización de ATLL, dimite por diferencias con Vila al considerar que está siendo excluido de la guerra entre la Generalitat y Agbar. Carcolé había defendido la viabilidad de la compañía pública con gestión pública antes de su privatización. La Generalitat opta por recurrir la primera sentencia del TSJC y asume que el proceso acabará en el Supremo, bien o mal.

Mayo de 2013. La batalla por ATLL se convierte en una guerra por el agua. La Agencia Catalana del Agua abre un proceso para retirar 30 concesiones de pozos de agua a Agbar, que está a punto de firmar con el Área Metropolitana de Barcelona la constitución de una sociedad mixta que, sin concurso previo, asegura a Agbar el suministro en más de una veintena de municipios.

Junio de 2013. La Generalitat garantiza por carta a Acciona y a BTG Pactual que recuperarán sus inversiones en la concesionaria. Fuentes del sector aseguran que no tiene ningún tipo de validez, pero ambas empresas aprovechan esa misiva para evitar provisionar en sus cuentas una operación de futuro incierto. Mientras, el Gobierno busca formas de defenderse en el proceso y halla irregularidades en el expediente del OARCC: un correo electrónico de Juan Antonio Gallo, titular del organismo, al director de la empresa pública Infraestructures.cat, Antoni Rosell, en el que este le da argumentos en contra de la oferta de Acciona. El problema es que Rosell era miembro de la mesa de contratación, lo que inhabilitaba para dar su opinión.

Septiembre de 2014. Agbar da un paso y pide al TSJC que obligue a la Generalitat a ejecutar los fallos sobre las medidas cautelares. El TSJC archiva la demanda. El caso ya ha llegado al Tribunal Supremo.

Octubre de 2014. El Tribunal Supremo emite su primera sentencia y va en contra de la petición de Acciona de que se evite la anulación del concurso. La resolución del OARCC es ejecutiva, dice el fallo. Semanas después se produciría el mismo fallo, pero en respuesta a la petición de medidas cautelares del Gobierno catalán, que asume que quizás no puede aplazar más una decisión.

Hoy. Casi dos años después de firmar el concurso, la Generalitat da marcha atrás y abre un proceso para anular la concesión a Acciona y BTG Pactual.