Archivada la denuncia por el desvío de fondos europeos en Ourense

La petición de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de que se investigasen judicialmente las supuestas irregularidades en la adjudicación de un centenar depuradoras por la Diputación de Ourense se ha zanjado con un archivo parcial de la denuncia registrada por PSOE y BNG . El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña (desde ayer presidente de la Audiencia de Ourense) que investigaba los hechos, sostiene que no hay ilícito penal en la adjudicación. Hacienda reclama por estos mismos hechos a la institución ourensana 10,1 millones de euros.

Piña –que ya había archivado la misma denuncia presentada por un particular en el año 2009- entiende que los contratos de la Diputación de Ourense con la empresa viguesa SMA son lícitos, pero pide a su sustituto en el juzgado de instrucción que continúe con la investigación de la decena de contratos de las asistencias técnicas posteriores adjudicadas por más de 280.000 euros y en las que figura como único imputado el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación, Javier Bobe.

El magistrado ourensano discrepa con la OLAF al no encontrar la restricción de la competencia que el organismo de lucha contra el fraude detectaba en el contrato de SMA con la institución ourensana. “N o hay ningún dato que permita conectar esa actuación de la empresa con ninguno de los funcionarios de la Diputación”, sostiene el instructor. El PSOE ya ha anunciado que recurrirá el auto y el BNG sostiene que “al margen de otro tipo de responsabilidades penales existe una clara malversación de fondos públicos “dado que se aplicaron de forma distinta al objetivo para el que fueron concedidos”. Socialistas y nacionalistas hacen hincapié en el hecho de que la mayor parte de las depuradoras instaladas en las aldeas ourensanas (ideadas para barcos) no están en funcionamiento “por el elevado consumo de energía eléctrica que generan” y que lleva a los alcaldes a prescindir de ellas