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Fiscal y acusación piden hasta 11 años de cárcel para los imputados

La oposición considera a Camps y Barberá “responsables políticos” del escándalo

El portavoz socialista Joan Calabuig y la abogada del grupo Sandra Gómez.
El portavoz socialista Joan Calabuig y la abogada del grupo Sandra Gómez.

Los escritos de calificación del caso Urdangarin o Nóosestán ya en poder del juez José Castro, que concluye una instrucción que abrió en 2010. La fiscalía y las acusaciones populares, que desempeñan los socialistas de Valencia y Manos Limpias, piden penas de cárcel de entre seis y 11 años para los cinco imputados de la rama valenciana por los casi cuatro millones de euros de fondos públicos derivados al instituto de Iñaki Urdangarin. El ministerio público estima que, restados los gastos imputables a tres ediciones del foro Valencia Summit, Nóos se habría apropiado de 1,8 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción reclama de seis a ocho años de prisión para los cuatro ex cargos públicos de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad de documento público y fraude a la Administración. Son el ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón, el ex director general de Cacsa Jorge Vela, el ex director general José Manuel Aguilar y la responsable jurídica de la sociedad Elisa Maldonado. El fiscal Pedro Horrach no acusa al quinto imputado del caso, el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau.

Sí lo hicieron las acusaciones populares, que solicitan 11 años de cárcel y 30 años de inhabilitación de cargo público para el que es mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá durante los últimos 20 años. Según el portavoz municipal socialista en la capital, Joan Calabuig, Grau pudo incurrir en los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración por "impulsar la concertación" de los convenios con el instituto de Urdangarin. 

Sandra Gómez, abogada de los socialistas, entiende que el vicealcalde pudo prevaricar porque en lugar de hacer un contrato de prestación de servicios, recurrió a un convenio de colaboración con el instituto de Urdangarin para eludir la libre concurrencia de otras empresas. "Se eludió con ello la redacción de informes económicos que justificaran el interés público del foro", resume la letrada.

El vicealcalde pudo incurrir también en malversación, a juicio de los socialistas, porque el dinero con que se pagaron esos eventos provenía de las arcas públicas, ya fueran autonómicas o locales. Además no se fiscalizó el gasto. "Todo dinero público debe ser justificado y en este caso no se hizo", agregó Gómez. El presunto delito de tráfico de influencias se habría dado, prosiguen los socialistas, porque Grau, en su condición de vicealcalde, influyó para que los patronos de la fundación Turismo Valencia permitieran la celebración de las jornadas. 

Los socialistas reclaman además 1,5 millones de euros a Grau, Urdangarin y a su socio Diego Torres en concepto de responsabilidad solidaria, y anuncia que citará como testigos en el juicio oral a Barberá, al expresidente Francisco Camps y al eurodiputado del PP Esteban González Pons.

La oposición apunta en bloque a Camps y Barberá. La alcaldesa, dijo Calabuig, es “responsable política última de todas las decisiones” relacionadas con los Summit. El portavoz parlamentario de EUPV Ignacio Blanco se pronunció en sentido parecido: “Al final pagarán el muerto los responsables penales, los que firmaron los papeles por orden de Camps o de Barberá, que son los que abrieron la puerta a Nóos y los que se hicieron las fotos con Urdangarin”.

Enric Morera, de Compromís, ha añadido que las peticiones de penas de cárcel para los ex altos cargos del Consell por parte de Fiscalía en el 'caso Nóos' es un hecho "muy preocupante" y ha pedido a los cuatro acusados que "tiren de la manta para llegar al fondo de la cuestión".

La letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha subrayado que, una vez exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el expresidente Camps y la alcaldesa Barberá, está acusado "el número dos del Ayuntamiento", que "se paseaba por las televisiones diciendo que no estaba imputado".

Barberá agregó que confía en la justicia y destacó que el fiscal Pedro Horrach había sido muy claro al no imputar a Grau.

Recuperar el dinero público

La Generalitat se ha adherido a las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que se refiere únicamente al posible perjuicio económico para las arcas públicas, con el fin de recuperar los fondos públicos por los que hubiera podido resultar perjudicada.

La Abogacía de la Generalitat, que está personada por lo civil en el caso Urdangarin, ha presentado un escrito en el que se adhiere a las peticiones del ministerio público en lo que se refiere exclusivamente al posible perjuicio económico para las arcas públicas.

El Consell acordó en febrero de 2013 autorizar a la Abogacía de la Generalitat a personarse por lo civil en el caso Nóos, con el objetivo de garantizar "que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos retorne a la Generalitat".

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, suscribieron convenios con el Instituto Nóos para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit. 

Por esas cumbres, celebradas en 2004, 2005 y 2006, Nóos percibió 3,6 millones de euros de Cacsa y de Turismo Valencia, en concepto de canon fijo (1.044.000 euros por edición) más los gastos de desarrollo del evento.

El Instituto presidido por Urdangarin también ofreció la preparación de la candidatura de Valencia a unos Juegos Olímpicos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse, y para lo que en 2005 se firmó un convenio a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat.

El coste del convenio era de tres millones de euros, aunque la Generalitat solo pagó 382.203 euros por un informe, y devolvió 123 facturas por dos millones de euros al no estimarlas justificadas.

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