El canon de la Ciudad de la Justicia dependerá de la calidad del servicio

La concesionaria que asuma —a cambio de un canon máximo de 45 millones de euros anuales por 30 años— el diseño, la construcción y el mantenimiento (seguridad, limpieza...) de la Ciudad de la Justicia, el complejo “moderno y funcional” con el que la Comunidad pretende concentrar en Valdebebas, junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, las 28 sedes que se reparten por la capital, cobrará en función de la calidad del servicio.

González espera que el proyecto esté adjudicado antes de junio de 2015

Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y número dos del Gobierno de Ignacio González (PP), lo explica así: “No serían sanciones, sino que la variable se aplicaría directamente sobre el canon, así evitaremos hipotéticos cálculos empresariales y que pudiera ser rentable no cumplir el contrato. El pago no será una cuota asegurada de antemano, independiente de la calidad que ofrezca la adjudicataria. Así estimularemos que el proyecto funcione”.

La calidad se medirá al detalle, según la Comunidad, que penalizará “hasta las escaleras mecánicas paradas por averías”. El Ejecutivo autónomo contempla incluso el canon cero para garantizar la viabilidad del proyecto, que González ha retomado tras reconvertirlo en un proyecto en apariencia más funcional.

La concentración contribuiría a agilizar “como mínimo un 20% la justicia madrileña, siendo cautos”, según Victoria. Por ejemplo, cada juzgado tendría su propia sala de vistas, lo que facilitaría la agenda del juez de turno.

Hoy sale a información pública el anteproyecto del contrato de concesión de la Ciudad de la Justicia, prevista para 2019. Hasta el 10 de enero se podrá revisar el texto y presentar alegaciones al informe, que se remitirá al Ministerio de Justicia, la Fiscalía del Estado y el Ayuntamiento de Madrid. González espera que esté adjudicado en el primer semestre de 2015. Las elecciones autonómicas y municipales son el próximo mayo. “Un Gobierno gobierna hasta el día antes de las elecciones. Este es un proyecto de largo alcance que lleva décadas reclamado por la comunidad jurídica. Lo lógico es unificar una justicia que está diseminada. Además, coincide con que es un buen momento para las inversiones. Si esperamos, igual el proyecto perdería interés”, justifica Victoria. El Ejecutivo se muestra convencido de que habrá varias firmas interesadas.

El Ejecutivo venderá o alquilará las propiedades actuales en uso

El complejo difiere de la versión de 2012, cuando la Comunidad optó por adaptar la idea original a una versión low cost, sin los edificios singulares con el sello de arquitectos de talla internacional que Esperanza Aguirre, presidenta regional de 2003 a 2012, pretendió en su primer legislatura. Una década después del plan inicial, el Instituto de Medicina Legal, cerrado y en semiabandono, cuyo coste fue de 19,3 millones y que es conocido como el Donut por su forma, es el único concluido de los ideados en un primer momento.

La concesión supondría un montante global de 1.350 millones, frente a los 400 de la construcción y mantenimiento del recinto. “Ahorraremos dinero. No es lo mismo pagar 600 euros de hipoteca ahora que dentro de 30 años, cuando se supone que esa cantidad te será más fácil de asumir que en la actualidad”, pone de ejemplo Victoria. El Gobierno madrileño gasta cada año 28 millones en alquileres para las instalaciones de Justicia, 15 millones para envíos postales, correos y taxis, 11 millones en mantenimiento y 6 millones en luz, entre otros. El importe anual de la competencia, que la Comunidad ha planteado de forma reiterada devolver al Estado, es de 400 millones.

“A cambio tendríamos una Ciudad de la Justicia nueva y más rápida, y dejaríamos libres propiedades que generarán más ingresos para la Comunidad, ya sea por su alquiler o venta”, sostiene el responsable de Justicia. Una vez finalizado el periodo de adjudicación, los edificios pasarían a ser propiedad de la Comunidad.