Puig sigue sin aclarar cómo pagará su plan contra la pobreza energética

El Departamento de Empresa que pilota Felip Puig ha definido ya los baremos que le servirán para definir a un pobre energético, pero todavía le quedan meses para tener definido el prometido fondo que permitirá pagar las facturas de luz, gas y agua a las familias sin recursos. Ayer anunció que tiene previsto modificar el Código de Consumo para evitar que durante estos meses de frío se puedan cortar esos suministros, que el Parlamento aprobará previsiblemente en pleno el próximo 17 de diciembre, siempre y cuando los clientes de las compañías cuenten con un informe preceptivo de los servicios sociales de su Ayuntamiento.

Ese es el primer paso. Los hogares tendrán que acreditar que reúnen unos ingresos que no superan una vez y media el indicador de renta de suficiencia, es decir, 853 euros mensuales, y a partir de ahí las suministradoras le garantizarán el suministro que crean que es el que necesitan para pasar el mes, un baremo que está todavía por definir. El problema continúa radicando en qué sucederá una vez superada la tregua invernal y los clientes deban volver a pagar recibos.

El secretario de Empresa de la Generalitat, Pere Torres, explicó ayer en el marco de la Mesa de la Pobreza Energética que esas facturas las acabará de asumir el Fondo de Solidaridad Energética. La Generalitat cree necesario que ese mecanismo, articulado a través de una fundación, deberá contar con unos 40 millones de euros. La mitad tendrán que proceder de aportaciones de las Administraciones públicas: Generalitat (que prevé aportar unos cinco millones de euros), diputaciones y Ayuntamientos.

El resto de dinero llegará de la mano de aportaciones privadas. De entidades sociales, de pequeñas aportaciones de particulares y de las compañías. Ahí está la gran duda. Asistentes a la reunión aseguran que los representantes de las compañías de electricidad y gas no dieron su opinión sobre ese fondo y Torres admitió que ese paso es todavía “una cuestión abierta y tenemos que hablar con las suministradoras”. A pesar de ello, confía en tenerlo creado a partir de febrero del próximo año.

Las explicaciones no convencieron a las entidades sociales que asistieron a la reunión. “Es un parche”, afirmó Toni Codina, director general de la Mesa del Tercer Sector. Más dura fue la portavoz de la Alianza de la Pobreza Energética, Tatiana Guerrero, que habló de “cortina de humo”.