Los catalanes creen que los partidos son las instituciones más corruptas

Los partidos políticos son las instituciones en las que la corrupción campa más a sus anchas, según una encuesta de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el organismo de la Generalitat que vela por las buenas prácticas y la transparencia en el ámbito de lo público. El 85,3% de los encuestados considera que la corrupción está “muy o bastante extendida” en las formaciones políticas. El porcentaje es similar en el caso de las entidades bancarias (84,3%) y desciende paulatinamente cuando se pregunta por sindicatos (72,9%) o ayuntamientos (68,4%).

Los datos los ha presentado, en el día internacional contra la corrupción, el magistrado y director de la OAC, Daniel de Alfonso, quien no obstante considera que la corrupción “no es sistémica” y que la mayoría de casos analizados por su oficina corresponden a años anteriores. La encuesta, realizada telefónicamente a 800 personas de las cuatro provincias catalanas, revela que los políticos son los que salen peor parados. La mayoría (55%) cree que los partidos políticos en Cataluña se financian de forma ilegal, un porcentaje similar (53,5%) al de aquellos ciudadanos que piensan que los políticos “son poco o nada honestos”. Por sectores, los encuestados creen que donde se producen más chanchullos fuera de la ley es en el terreno de las obras públicas, seguidos del urbanismo y la justicia.

Antifraude realiza la encuesta cada dos años y, desde 2010, ha aumentado el número de personas que consideran “muy grave o bastante grave” el problema de la corrupción: el 88,9% de los encuestados este año así lo cree. De Alfonso concluye que hay una “tendencia al alza” y, al mismo tiempo, que ha “disminuido el nivel de tolerancia” de los ciudadanos hacia la corrupción. “Hay una crítica generalizada de que los políticos no hacen lo que toca contra la corrupción”, ha señalado el director de la OAC. Una gran mayoría piensa que los nombramientos en la Administración poco tienen que ver con los méritos o capacidades de los escogidos (66,9%), que hay falta de transparencia en las decisiones públicas (74,8%) y que hay un vínculo demasiado estrecho entre política y negocios (82,9%).

El director del organismo de la Generalitat defiende que los dirigentes no tienen por qué dimitir cuando son imputados

El debate sobre qué deben hacer los políticos implicados en casos de corrupción (y sus partidos) también está presente en la encuesta. El 90,3% opina que, cuando existen “indicios de corrupción” de un cargo público debería apartarse de sus funciones hasta que haya sentencia. La pregunta no especifica en qué momento procesal debe ocurrir esto, sino que se limita a preguntar por la existencia de “indicios”. De Alfonso ha dado su propia opinión al respecto: los políticos no tienen por qué dimitir cuando son imputados, sino cuando se abre juicio oral contra ellos. El director defiende que se les aplique “el mismo criterio que a los magistrados”, que son apartados justo cuando se produce esa circunstancia. “Cuando acaba la fase de instrucción y se abre juicio oral es cuando hay indicios sólidos”. La imputación, ha recordado De Alfonso, “puede en ocasiones ser una maniobra del adversario político”. Según el director, “es muy fácil imputar a una persona”: basta con que alguien presente una denuncia y el juez la admita a trámite.

Ciertas contradicciones afloran en la encuesta. Mientras que el 82,3% de los ciudadanos cree que “hay mucha corrupción” en Cataluña, el 77,5% considera que los catalanes son “muy honestos” y cumplidores de la ley. Pero, ¿qué comportamientos se consideran adecuados y cuáles no? Según Antifraude, el 15,1% de los encuestados acepta que un alto cargo admita, como regalo, una caja de vino de una empresa. De Alfonso ha impelido a los ciudadanos, en ese sentido, a denunciar la corrupción en cualquier ámbito. “Hay que dejar a un lado la hipocresía social. No vale decir que tenemos corrupción y que no se denuncie”.

Entre las conductas que más justificación reciben se encuentran la de empadronar a un hijo en casa de los abuelos para que le acepten en la escuela deseada (30,8%), llamar “a un médico amigo para evitar la lista de espera” (20,9%) o contratar un servicio sin factura para ahorrarse el IVA (11,5%). Estos números han descendido en los últimos años, de ahí la relativa satisfacción de De Alfonso.

La encuesta revela que “los políticos no hacen lo que toca contra la corrupción”, señala De Alfonso

Una abrumadora mayoría de participantes (93,7%) cree que se debería regular la actividad de los lobbies o grupos de presión. El director de la OAC ha loado, en ese sentido, que el proyecto de ley catalana sobre transparencia contemple esa regulación, a diferencia del proyecto del Gobierno central. “Lo que es justo es justo”, ha subrayado De Alfonso.