El Presupuesto fija los criterios para la enajenación de fincas públicas

El banco de tierras que Izquierda Unida incluyó como condición ineludible en el pacto de Gobierno con el PSOE ve la luz. Con dos años de retraso, ambas formaciones han pactado los cimientos de esta medida, que supone poner a disposición de los Ayuntamientos y cooperativas parte de las 20.000 hectáreas de tierras de la Junta para su explotación. IU anunció este martes la incorporación en la Ponencia de la Comisión de Hacienda para la Ley de Presupuestos de Andalucía de una enmienda que fija los criterios para la enajenación de tierras. A partir de ahora, quedará regular los procedimientos e incluirlos en la Ley Integral de Agricultura.

Los suelos disponibles están adscritos a la Consejería de Agricultura y sus entidades instrumentales. Proceden de las tierras del caducado Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) que salieron a subasta sin éxito por la carestía del crédito y la crisis.

Según la Ponencia, estas fincas “serán objeto de enajenación” a favor de entidades asociativas agrarias y municipios. Es la base del banco de tierras sobre el que las formaciones del Gobierno llevan meses negociando.

El Ejecutivo central, que nunca ha visto con agrado esta medida, ya advirtió que “la adjudicación de aprovechamientos a terceros se tiene que limitar al procedimiento establecido en la legislación de contratos del sector público, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia”, según afirmo el Ministerio de Agricultura en una respuesta parlamentaria.

En este sentido, la enmienda de IU que se añade al artículo 35 del Presupuesto sobre ordenación del sector público y da paso al banco de tierras establece que se determinará “un procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación de estas tierras”, que no podrán estar en posesión de terceros.

El proceso de acceso se incorporará a la Ley Integral de Agricultura, que incluirá el reglamento de enajenación de las tierras. Estas no perderán su consideración pública, sino que solo se cederán en cuanto a su uso.

Los beneficiarios prioritarios, según detalló IU, serán los “jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y tengan como objetivo proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo”.

También se potenciará la cesión a “agricultores y ganaderos que desarrollen modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada”.

Los Ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen las tierras podrán adquirirlas con preferencia respecto a cualquier otra entidad. Cuando las entidades locales opten por adquirir las fincas y acrediten el interés social, “se reducirá su precio de enajenación en un 30% respecto a su valor de tasación”.

El pago del precio podrá aplazarse hasta un máximo de veinticinco años desde la concesión del bien.

En cuanto a las explotaciones, se primarán los cultivos sociales, es decir, aquellos que generen más trabajo y jornales y sean adecuados a la zona y a las características de las tierras.

La Ponencia de la Comisión de Hacienda ha incorporado las 22 enmiendas planteadas por el PSOE al texto y ocho de las diez enmiendas presentadas por IU, mientras que no se ha admitido ninguna de las más de 450 planteadas por el PP.

Una vez que este martes se ha emitido la Ponencia, la próxima semana está previsto que se reúna la Comisión de Hacienda y Presupuestos para aprobar, en virtud de la mayoría de PSOE e IU, el dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos, que se someterá al debate final ante el Pleno de la Cámara los días 22 y 23 de este mes.

Entre las enmiendas de IU rechazadas por PP y PSOE se encuentra la propuesta de aumentar la fiscalidad en bingos y casinos.

Durante la reunión de la Ponencia, las enmiendas de PP han sido rechazadas con los votos de PSOE e IU. Los populares registraron un total de 476 enmiendas (82 al texto articulado, 344 de modificación, 43 de distribución y 7 de ingresos). El Consejo de Gobierno mostró la pasada semana su disconformidad con la admisión a trámite de 49 de esas enmiendas, que conllevaban un aumento de ingresos de 632 millones de euros a través de iniciativas que el Ejecutivo ha considerado “inviables”, informa Europa Press.

El PSOE presentó ocho enmiendas al articulado y el resto sobre afecciones presupuestarias.