Una exdirigente de UPyD denuncia una contratación de profesores

El contrato del dirigente de Podemos Íñigo Errejón con la Universidad de Málaga ha puesto en evidencia la arbitrariedad con la que funcionan en determinadas ocasiones los estamentos universitarios. La polémica ha desvelado la existencia de zonas grises en el funcionamiento de las universidades. En este contexto, Esther Puntero, que fue coordinadora de campaña de UPyD en las elecciones municipales y generales de 2011, ha denunciado al catedrático Pablo Oñate, del departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València por actuar de manera arbitraria en la selección de dos plazas de profesor asociado.

Puntero, que se presentó al concurso y quedó última, ya obligó al rectorado a modificar las evaluaciones de la comisión de contratación

“Estoy dispuesta a actuar por todas aquellas personas que, por miedo o impotencia, soportan decisiones injustas y arbitrarias en el sistema universitario”, explica Puntero. Esta mujer ha denunciado ante el rectorado que Oñate presidió la comisión de selección del personal pese a que, en noviembre de 2012, ya había pedido su sustitución tras serle otorgada una comisión de servicios en la Universidad Carlos III de Madrid. La decisión quedó reflejada en las actas del departamento en mayo de 2013, donde se dejó constancia del cambio en el órgano de contratación y de la comisión de servicios de Oñate. En noviembre se convocaron dos plazas de profesor asociado y el catedrático omitió que se había propuesto su sustitución al frente de la comisión. "Nunca se abstuvo, ni notificó que ya no pertenecía a la comisión", recalca Esther Puntero.

Oñate se negó a responder al contenido de la denuncia de Puntero e indicó que "el órgano técnico que debe dar la información es el servicio de personal docente investigador del rectorado de la Universitat de Valencia". "Solo soy un apéndice", dijo Oñate, que consideró que los medios deberían de ocuparse de cosas más importantes. El rectorado de la Universitat de València reconoció tener constancia de la denuncia, pero advirtió que no resolverá sobre la misma hasta recabar toda la información. Con carácter general, las mismas fuentes indicaron que estar en otra universidad en comisión de servicios no anula el hecho de ser miembro activo de la Universitat. El rectorado explicó que resuelve centenares de recursos de aspirantes excluidos en la selección de personal.

La denuncia de Puntero, que se presentó al concurso y quedó la última, se produce después de que ganase un primer recurso ante el rectorado que obligó a modificar las evaluaciones de la comisión de contratación. Tras la decisión del rectorado, la comisión que preside Oñate volvió a baremar los méritos de los aspirantes, pero dejó a Puntero, de nuevo, la última. Harta de "los chanchullos" de la comisión, Puntero ha reunido toda la documentación para demostrar que, en su opinión, Oñate abusó de su poder y reclamar que se proceda a nombrar una nueva comisión. Si no, llevará el pleito a los tribunales.