El Síndic pide que se reconozca por ley el derecho al agua, la luz y el gas

Cataluña reclama a Bruselas que obligue a España a cumplir la directiva de pobreza energética

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña.
Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña.Carles Ribas

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha propuesto hoy que se reconozca por ley el derecho de los catalanes al agua, la luz y el gas. En la presentación del Informe sobre el derecho a los suministros básicos presentado esta mañana en el Parlament, Ribó ha reclamado que los ciudadanos dejen de ser considerados “clientes de una compañía suministradora” para ser “titulares de un derecho subjetivo” a los suministros esenciales. El síndic ha propuesto al Gobierno catalán que cree un sistema tarifario “acumulativo” que proteja a los colectivos más vulnerables y castigue a quienes lleven a cabo un “consumo excesivo o suntuoso” del agua y la energía.

Ribó ha propuesto un sistema tarifario de tres niveles. El primero corresponde a un “consumo básico para personas en situación de vulnerabilidad”, a quienes se debería “garantizar un acceso mínimo a los suministros” mediante “precios y tarifas sociales”. El segundo se trata del “consumo estándar”, que los usuarios deben afrontar con “tarifas asequibles”. Por último, Ribó propone que el sistema sea proporcional y progresivo y castigue el “consumo excesivo”. Esta tarifa más elevada, según Ribó, debe servir también para sufragar el consumo de los colectivos más vulnerables.

El Síndic ha denunciado, asimismo, que los tipos del IVA al suministro de electricidad y gas en España sean del 21%, cuando en otros países como Bélgica o Francia se reduce hasta el 5,5% en el caso de los consumidores que no pueden acceder a ellos fácilmente. Ribó ha anunciado la creación de una “red europea de defensores sobre temas energéticos” que se presentará en enero en Bruselas y a la que de momento hay defensores de Reino Unido, Bélgica, Francia, Irlanda y Cataluña.

Ribó ha instado al Parlamento catalán a definir qué es pobreza energética, mientras que al Gobierno catalán le ha sugerido que firme convenios “con cada empresa suministradora” para evitar la exclusión energética. “Eso nadie lo llevará al Constitucional y el síndic podrá dar fe de la disponibilidad de las empresas”.

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La Generalitat, por su parte, ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea para que obligue al Gobierno español a cumplir las directivas europeas en materia de pobreza energética. Según ha informado el Departamento de Empresa y Empleo, la queja se ha dirigido al comisario de Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete, y a la secretaria general de la Comisión Europea, Catherine Day. El objetivo de la queja es que el Gobierno español "transponga correctamente las directivas sobre el mercado interior de la electricidad (2009/72 / CE) y sobre el mercado interior del gas (2009/72 / CE), que incluyen la obligatoriedad definir la figura del consumidor vulnerable y de incorporar medidas para protegerlo".

El plazo para transponer estas directivas finalizó en marzo de 2011, fecha en la que el Gobierno español no había establecido ninguna normativa contra la pobreza energética. Según la Generalitat, una vez recibida la queja, la Comisión Europea iniciará la recopilación de información sobre este asunto y pedirá al Gobierno español que explique y documente su posición.

La Generalitat ha presentado la queja después que el Gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de pobreza energética que el Gobierno catalán aprobó en diciembre de 2013. Este decreto prohibía la interrupción de los suministros energéticos durante los meses de invierno por parte de las operadoras a aquellos consumidores en situación de vulnerabilidad económica. Como consecuencia del recurso y de su aceptación a trámite por parte del Tribunal Constitucional, el decreto ha quedado suspendido, aunque la Generalitat ya ha llegado a un acuerdo con las compañías suministradoras para que este invierno no haya interrupciones en los servicios básicos para las familias en situación de pobreza.

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