El Tribunal Supremo falla otra vez en contra de la adjudicación de ATLL

Segunda sentencia del Tribunal Supremo sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio formado por Acciona y BTG Pactual y segundo fallo en contra de la Generalitat. La sala de lo contencioso del alto tribunal ha decidido desestimar las medidas cautelares que solicitó la Generalitat para que no se ejecutase el dictamen del Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), que dejaba sin efecto sin efecto la oferta vencedora en un concurso valorado en 1.000 millones de euros, el mayor efectuado por la Generalitat.

Fuentes del Departamento de Territorio, el que aprobó la adjudicación, han señalado que los servicios jurídicos de la Generalitat están analizando la sentencia para decidir las implicaciones del fallo, si bien el Ejecutivo autonómico siempre ha sostenido que no moverá ficha hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o el Tribunal Supremo emitan una sentencia sobre el fondo del asunto y no sobre medidas cautelares. ATLL ha remitido a la Generalitat los dictámenes de tres catedráticos en los que defiende que no se tiene que hacer caso de estos fallos.

Fuentes cercanas al consorcio reiteraron ayer esa posición y destacaron que el fallo conocido ayer subraya que, pese a la decisión sobre las medidas cautelares, "no se puede anticipar la decisión de fondo".

En la sentencia aprobada el pasado 5 de noviembre, el Supremo ratifica la sentencia del TSJC de julio. El TSJC desestima las cautelares argumentando que la normativa europea vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio "en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados".

Es la segunda vez que el Supremo desestima la petición de medidas cautelares que intentaban paralizar la adjudicación del concurso. En octubre pasado mostró una posición similar ante la petición de Aigües de Catalunya, la sociedad a través de la cual el banco brasileño BTG Pactual participa en la concesionaria, encargada de gestionar el agua en alta -la que acaban comprando los suministradores de agua que después la venden a hogares y empresas-- que beben cerca de cinco millones de catalanes.

Desde que se adjudicó el concurso Agbar no ha cesado las presiones para que la Generalitat anulara el concurso. Empezó con peticiones ante la Administración para que se ejecutara la resolución del OARCC, continuó en los tribunales y su último paso ha sido el de decidir no pagar el agua que le sirve ATLL, al entender que el fallo del Supremo supone que la concesión está "en liquidación". La Generalitat lo niega.