Justicia: el tercer poder olvidado

Hoy, 1 de diciembre, y con motivo del Día de la Justicia en Cataluña, quiero hacer un balance de la situación en que se encuentra uno de los pilares de nuestra sociedad: la Justicia. El tercer poder olvidado, porque la defensa de derechos y libertades de los ciudadanos es algo de segunda. Eso no da rentabilidad.

Con mucho pesar recordamos que hace dos años entró en vigor la Ley de Tasas judiciales. Una de las normas más polémicas impulsadas por el anterior ministro de Justicia, que evidenciaba que el Estado de Derecho en nuestro país se halla sumido en una profunda crisis. Esta ley, rechazada por todos los sectores de la abogacía y del derecho, pone en cuestión el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía, a las persones más vulnerables pero también a la clase media, ya que se ha vinculado su recaudación con la justicia gratuita.

Si a un ciudadano que quiere defender sus derechos ante un tribunal se le cobran en tasas judiciales (que pueden llegar de media a 3.000 euros) más dinero del que pretende recuperar en un litigio ¿qué sentido tiene que recurra a la justicia? La Constitución establece que estamos en un estado social. El interés máximo del Estado deben ser las personas y su dignidad. La justicia no puede ni debe estar al servicio de los intereses especulativos despersonalizados. Las personas son y deben ser lo primero y lo más esencial.

La ley de tasas judiciales no era, ni es, la única ley que amenaza al Estado de Derecho. Sobre la mesa están todavía los proyectos de reforma de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de Reforma del Poder Judicial, de Demarcación y Planta Judicial, de Seguridad Ciudadana, de reforma del Código Penal...

No nos oponemos a estas leyes porque los cambios legislativos propuestos afecten, en mayor o menor grado, a los abogados y las abogadas, sino, sobre todo, porque perjudican a la ciudadanía, a las personas más vulnerables.

El núcleo central de la cuestión radica en que estas leyes dejan sin valor un elemento tan central y decisivo como es el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a ser defendido, y ello conlleva que se tienda a configurar una justicia desigual que favorece a quien tiene más capacidad económica, aniquilando el concepto de "servicio público". Se puede decir de otra manera si se quiere: la justicia deja de ser un derecho fundamental para convertirse en una mercancía. No me cansaré nunca de repetir y de escribir que los derechos y libertades de los ciudadanos no pueden estar sujetos a las leyes del mercado.

Es la voluntad irrenunciable de servir al Estado de Derecho y de impartir justicia por lo que el Colegio de Abogados de Barcelona, el Consell de l'Advocacia Catalana y el Consejo General de la Abogacía Española se han opuesto y se oponen a estas reformas impulsadas por el Gobierno.

Es bien cierto que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, muestra un talante más abierto y dialogante que su antecesor. De sus comparecencias ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados podría desprenderse que el ministro está dispuesto a reconsiderar algunos de los grandes proyectos que ha heredado.

Por el bien de la Justicia, esperamos que se pueda pasar de un indudable cambio de estilo a concretar medidas que permitan retirar o modificar sustancialmente algunas de las leyes pendientes de aprobación. Tendría sentido, por ejemplo, acometer, de una vez por todas, la revolución tecnológica que nuestro sistema judicial está esperando desde hace demasiado tiempo.

Los abogados barceloneses estamos plenamente comprometidos con la justicia gratuita y con el turno de oficio, una función que prestamos todos los abogados aunque sólo la ejercemos unos cuantos, porque es uno de los servicios esenciales del Estado social: la defensa de la ciudadanía, en todas las disciplinas jurídicas. Trabajamos directamente con sus preocupaciones más íntimas, con un material humano extremadamente sensible. Por ello, reclamamos un justo reconocimiento de nuestra labor social. La transcendencia de la tarea que realizamos pasa por la digna retribución de los profesionales del turno de oficio y no por castigar la abogacía con la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) seguiré batallando para defender una sociedad más justa y respetuosa con los derechos individuales y colectivos. Espero que el ministro tenga la sensibilidad de compartir nuestra preocupación por una justicia al servicio de todos y de actuar en consecuencia. Aún estamos a tiempo de rectificar.

Por otro lado, si realmente respetamos el Estado de derecho, es necesario respetar las instituciones, en especial, las que sostienen dicho Estado de derecho. Su descrédito es lo que está juego. Es esencial que se alejen de la Administración de Justicia los avatares e intereses políticos y partidistas que no representan a la globalidad de la sociedad, plural y transversal.

J. Oriol Rusca i Nadal es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.