Barberá acepta dividir la Feria si no afecta al patrimonio municipal

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha destacado que el Ayuntamiento es el propietario del suelo de Feria Valencia y se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" en dividir la gestión de la institución de las infraestructuras "siempre y cuando no sea a costa del patrimonio municipal".

Así se ha expresado Barberá a preguntas de los periodistas sobre la supuesta paralización de la comisión de trabajo de Feria Valencia, que estudia el futuro de la institución, tras presentar la sexta edición de la Gran Noche de las compras de la ciudad.

Barberá ha argumentado "razones de lealtad" para argumentar que no quiera entrar en discusiones con instituciones del mismo signo político que ella porque se siente "muy disciplinada", y ha asegurado que el grupo de trabajo integrado por Feria Valencia, la Generalitat y el Ayuntamiento "no ha dejado de trabajar".

Ha apuntado que si los técnicos creen que Feria Valencia necesita dividir en dos su naturaleza para gestionarla correctamente y salvaguardar el patrimonio, ella está "absolutamente de acuerdo".

No obstante, ha puntualizado: "De acuerdo, siempre y cuando no sea a costa del patrimonio municipal. El Ayuntamiento es propietario del suelo y no puede ser a costa del patrimonio municipal".

El grupo de trabajo "no es que haya parado, es que las historias políticas son muy largas y yo no quiero entrar en ellas", ha señalado Barberá.

Naturaleza ¿pública o privada?

Feria Valencia acordó en abril pasado separar la titularidad de los edificios de su gestión comercial para acabar con la confusión sobre el carácter público o privado de la institución ferial. El acuerdo alcanzado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la propia institución consistía en la creación de un ente, que se regiría por el derecho privado, que asumirá la gestión comercial y la explotación de las marcas. El recinto ferial pagaría a cambio un canon de explotación que consistirá en un porcentaje sobre los beneficios obtenidos.

La externalización de la actividad comercial de Feria Valencia no supondría, se dijo entonces, ningún cambio sobre la titularidad de los inmuebles, que quedaban en manos de Feria Valencia y que mantiene la deuda pendiente y será la destinataria de las ayudas públicas que tienen como objetivo pagar la ampliación realizada.

Un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat Valenciana, que pone de relieve que no hubo control en  la ampliación del recinto, que costó el doble de los previsto -cerca de 600 millones de euros-, y los gastos millonarios en dietas y viajes de los órganos de gobierno han hecho saltar por los aires todo el trabajo previo.

La investigación de la fiscalía, que indaga si existieron irregularidades en la gestión, ha detenido el proceso. El actual presidente de la feria, José Vicente González, que se ha ofrecido a colaborar con la justicia, ha pedido, sin embargo, que se aclare la situación lo antes posible para evitar la parálisis de la institución, que afronta en poco tiempo la organización de los certámenes más importantes del calendario ferial.