Spanair repartirá 12,5 millones de euros entre trabajadores y Fogasa

Dos años y diez meses después del cese de operaciones de Spanair, sus administradores concursales creen que ya están en disposición de efectuar un primer pago a sus acreedores. Se trata de unos 12,5 millones de euros que tendrán que repartirse entre los más de 2.000 exempleados de la aerolínea y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según la propuesta remitida al Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona, que tramita la liquidación de la compañía, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo se tendría que quedar el 51,8% de esa partida, mientras que el resto sería distribuido entre la plantilla, aunque ese reparto podría variar en función de las negociaciones que puedan emprender todas las partes. De momento, se ha convocado a una reunión a los sindicatos para explicarles la propuesta el próximo viernes al mediodía.

Cuando Spanair presentó el concurso de acreedores había generado una deuda con su plantilla de 69,9 millones de euros en concepto de nóminas pendientes e indemnizaciones por despido, que se fijaron rápidamente en veinte días por año trabajado para acelerar el proceso de cobro. Durante 2012, el Fogasa se hizo cargo de una parte importante de esa cantidad, 36,2 millones de euros. Pero la plantilla todavía tiene pendiente de cobro otros 33,7 millones. Ahora, los administradores han decidido equiparar el reparto de esos 12,5 millones de euros al esfuerzo realizado por cada parte hasta ahora, aunque fuentes conocedoras del proceso reconocen que el Fogasa podría exigir el cobro de la totalidad de esa cantidad.

El dinero que se repartirá ahora procede de la venta de bienes de la compañía, que ha sido muy inferior a la estimada inicialmente, ya que los activos se valoraban inicialmente en unos 52,4 millones de euros. Se ha vendido desde material aeronáutico —aviones no porque Spanair operaba aeronaves en régimen de alquiler— hasta los derechos de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

En el plan de liquidación que los administradores presentaron el pasado mes de julio figuraba un saldo en caja de 19,7 millones. De ese dinero salen los 12,5 millones que se utilizarán ahora. No se puede abonar la totalidad del dinero existente en las cuentas corrientes de la compañía porque esta mantendrá una pequeña estructura de trabajadores y de gastos hasta su cierre definitivo.

A la cifra existente actualmente se podrían sumar otros 10,8 millones de euros con los que el juez condenó al consejo de la aerolínea el pasado mes de septiembre, fallo recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Aunque ese pago se puede demorar en el tiempo, genera esperanzas a la plantilla de poder cobrar algo más de los salarios que se les adeudan.

El concurso de acreedores de Spanair parece entrar en su recta final. El Juzgado de lo Mercantil consideró culpables del concurso a todos los miembros del último consejo de administración, incluidos su presidente Ferran Soriano y los miembros de la Generalitat, a la que considera "administradora de hecho" de la aerolínea. En opinión del juez, la compañía se hallaba en situación concursal como mínimo medio año antes de que presentara el concurso y dejara de volar, ya que por entonces acumulaba una deuda impagada por valor de 50 millones de euros, el 90% de la cual contraída con AENA, por lo que hubiera sido posible la pérdida de la licencia de vuelo.

Justo en esa recta final se ha activado la comisión parlamentaria del Parlament, creada a instancias de todos los grupos parlamentarios el pasado mes de julio y que prevé el inicio de comparecencias el próximo mes de enero. Los partidos pidieron ayer la solicitud de comparecencia de Soriano, además del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y de su homólogo en el tripartito, Antoni Castells. Se reclama también la asistencia de miembros del consejo de administración, como Benny Zakrisson, Michael Balint, Joan Gaspart, Jordi Bagó, Jorge Chumillas y Maria Reig, entre otros.