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OPINIÓN

Pobreza, agua y energía

Las tarifas del agua y la luz incluyen cargas e impuestos que otros países financian con cargo a los presupuestos públicos

Hace unos años que estamos instalados en la crisis. Por mucho que haya leves signos de recuperación, esta será lenta y difícil, sobre todo para los que no tienen trabajo ni ingresos. Cada año, la llegada del frío pone de manifiesto con crudeza una de las caras de la pobreza: la dificultad de muchos ciudadanos de tener acceso a servicios públicos básicos, debido a la imposibilidad de pagar su precio. En estas reflexiones, que van más allá de las medidas inmediatas que hay que tomar, intento profundizar en las causas más que en las consecuencias. Me formulo algunas preguntas: La pobreza energética, ¿es un problema de servicios sociales, o es un problema de mala regulación del mercado? ¿Se trata solo de poner parches o de intentar evitar las heridas? ¿El problema es la falta de ingresos, o también el precio excesivo del suministro? ¿Cuáles son los límites de la privatización de los servicios públicos que suministran bienes esenciales para los ciudadanos?

1. Precio, tarifas e impuestos. Las dos primeras preguntas se responden juntas. Resolver con urgencia el problema de esta pobreza es un tema de servicios sociales. Pero evitar, o reducir, la importancia del problema es un tema de política económica o energética. Muchas personas tienen dificultades para poder pagar el precio del agua, del gas o de la electricidad, por la falta de ingresos, pero también por el precio exagerado de estos suministros.

La tarifa que pagan los usuarios tiene una parte importante que corresponde al “coste de producción y distribución” (en el caso eléctrico la materia prima, la amortización de las centrales y los costes de la red de distribución; en el caso del agua, la captación, la potabilización, la distribución y la depuración), pero en todos los casos, y sobre todo en el primero, hay otra parte que son impuestos y cargas que no corresponden al coste energético sino a dinero que va a dotar fondos para políticas públicas (subvención al carbón, menores precios para los habitantes de las islas, ayudas a personas con bajos ingresos, estímulos a las energías renovables…). Esto encarece enormemente la tarifa.

Todas estas políticas son necesarias y existen en muchos otros países; pero no las cargan en la tarifa, sino que los fondos provienen de los presupuestos públicos. Si se hiciera así, la tarifa eléctrica se podría reducir casi a la mitad, cosa que reduciría mucho el problema de la pobreza energética y al tiempo aumentaría la competitividad de las empresas al reducir sus costes energéticos. Aquí no se hace así en buena parte porque los presupuestos públicos no aguantarían estos gastos debido a la insuficiencia de la recaudación, y por tanto es mucho más cómodo cargarlo al consumidor. Una vez más acabamos descubriendo que el problema final es la inadecuación de nuestro sistema fiscal, por la estructura de sus impuestos y por el enorme fraude fiscal.

La tarifa eléctrica se podría reducir casi a la mitad, cosa que reduciría mucho el problema de la pobreza energética y  aumentaría la competitividad de las empresas 

Lo expongo de forma muy simple y sé que es más complejo, pues creo que tiene sentido que una parte se cargue en la tarifa; pero es innegable que nuestro sistema ha sido un fracaso ya que ha llevado a unas de las tarifas eléctricas más altas de la UE, y además ha acumulado un déficit de más de 30.000 millones de euros que se están financiando y que los consumidores irán pagando en los próximos años.

Dos paradojas: ¡mientras mucha gente ha visto reducidos sus ingresos los últimos seis años, el precio del agua y la electricidad ha ido aumentando de una forma exagerada! ¡Y en las empresas, se ha ido recuperando competitividad bajando los salarios, pero al mismo tiempo se ha ido perdiendo al ir aumentando el precio de la energía!

2. Servicio público, negocio privado. El problema de fondo está en la necesidad de regular adecuadamente aquellos sectores económicos cuya actividad tiene carácter de servicio público, porque producen bienes básicos que el Estado tiene la obligación de asegurar. ¿Es mejor la empresa pública o la empresa privada? Evidentemente, no todo servicio básico exige una empresa pública. Nunca me pasaría por la cabeza defender la “nacionalización” del sector de la producción de alimentos. La existencia de miles de empresas hace que el mercado, con una buena regulación de la competencia, consiga precios más bajos y mejores productos. Pero pienso que no es tan claro que sea así en sectores con enormes inversiones y una configuración de casi-monopolio, en los que no juega bien la competencia. Siempre he sido partidario del sector público. Si se opta por la privatización, este carácter de servicio público exige unos niveles de regulación y unos límites de actuación (tarifas, contratos, márgenes, beneficios), muy distintos de los de los otros sectores.

3. Conclusiones evidentes. Urgencia de actuaciones desde los servicios sociales; necesidad de revisión de la regulación tarifaria del sector energético; urgencia de una reforma fiscal, y, finalmente, necesidad de que, aunque los Gobiernos no hayan sabido imponerlo, las empresas privadas de estos sectores de servicio público entiendan que las muchas ventajas que tienen les imponen una responsabilidad social corporativa de un nivel mucho más elevado que las de los sectores competitivos. Y deben actuar en consecuencia.

Joan Majó, ingeniero y exministro

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