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OPINIÓN

El debate imposible

Cuando el acuerdo es imposible porque nadie quiere hablar, lo que se impone es la cantidad. Votar es renunciar al acuerdo

Hace unas semanas participé en un debate sobre la independencia de Cataluña, organizado por la Universidad de Girona. Al final de cada una de las sesiones (cuatro en total), a los asistentes se les ofrecía la opción de votar una de las tres preguntas siguientes: 1) el debate ha contribuído a enriquecer mis ideas; 2) me ha hecho cambiar de opinión; 3) me ha mantenido en la misma posición en la que me encontraba. Me decía Joan Vergés, el promotor de los debates, que casi por unanimidad la pregunta más votada había sido la tercera. A saber, el debate sobre la independencia es estéril, no mueve a nadie de su posición inicial sobre el tema.

No me extraña, pero es preocupante que sea prácticamente imposible acercar posturas sobre algo que debiera inquietarnos a todos. Más aún cuando el contexto académico incita a una discusión que es pura deliberación, al contrario de lo que debe ser una negociación política, que ha de desembocar en un acuerdo. Aún así, mi experiencia como articulista y conferenciante me enseña que hay cuestiones que se resisten a la discusión razonable, que pertenecen a dos ámbitos: el de la política y el de la religión.

Cuando el debate es estéril es porque está mal planteado, porque discurre desde "ismos" o dogmas intocables. En tal caso, las posiciones que optan por la moderación y las terceras vías, las que rehuyen las opiniones extremas, carecen de atractivo y no son escuchadas. Si entre Rajoy y Mas ha sido hasta ahora inútil el intento de negociar es porque la postura de uno —la Constitución no se toca— y la del otro —la independencia es la única vía— son actos de fe, resistentes a la flexibilidad y a los matices. Cierto que Mas sigue prefiriendo hablar de autogobierno a utilizar el término independencia, una postura sensata, pero que él sabe que no cuenta con la complicidad ni de los partidos ni de las entidades sociales que le han acompañado en el proceso, por lo menos hasta ahora.

Cuando el debate es estéril es porque está mal planteado, porque discurre desde "ismos" o dogmas intocables

De la imposibilidad de acercar posiciones a partir del diálogo, que no es otra cosa que aportar razones a favor o en contra de una cuestión conflictiva (el término catalán enraonar daría perfecta cuenta de tal sentido), deriva el hecho de que la solución democrática tenga que ser la regla de la mayoría. Negociar se vuelve insólito cuando pocos políticos son de verdad estadistas, personajes con visión de Estado y no con perspectivas de alcance corto. La regla de la mayoría como solución a los conflictos es un fracaso de aquello más específicamente humano, que es la razón, el logos, el lenguaje. Cuando los acuerdos son imposibles porque nadie quiere hablar, lo que se impone es la cantidad, el número de opiniones a favor o en contra de lo que se trata de decidir. Votar es renunciar al acuerdo.

Tocqueville, que fue uno de los grandes teóricos de la democracia moderna, alertó de la paradoja que encierra la regla de la mayoría, una fórmula por la que “la opinión común se convierte en una especie de religión cuyo profeta es la mayoría”. Es cierto que al confiar en la opinión del mayor número, se está renunciando a dictados aristocráticos. El supuesto de que la mayoría tiene razón radica en la creencia ilustrada de que el individuo es capaz de pensar por sí mismo y de que lo que muchos piensan es más susceptible de no ser erróneo que lo que piensan unos pocos. Ahora bien, ello no impide —y ahí está la paradoja— que esa opinión masiva, al manifestarse, acabe arrastrando toda traza de pensamiento autónomo y se imponga como un nuevo despotismo.

¿Y cuál es esa mayoría profética? Hasta ahora, lo que el 9-N ha dejado claro es que la supuesta mayoría de catalanes que apoya la independencia no es tan mayoría como parecía. Muchos de los que no acudieron a la pseudoconsulta no son contrarios a la celebración de un referéndum serio y de verdad, apuestan por una revisión del Estado autonómico, pero se niegan a suscribir ciegamente las bondades de la secesión. Ahora bien, para celebrar un referéndum en toda regla se requieren dos condiciones: pactarlo con el Estado y tener información suficiente para decidir con conocimiento. Ambos deberían ser los objetivos más inmediatos.

Es un aliciente que en el panorama político español y catalán se prevean cambios importantes con la irrupción de Podemos y Guanyem, cambios que romperían las hegemonías y las mayorías absolutas. Aunque la fragmentación parlamentaria dificulte la gobernabilidad, puede ser buena para reorientar el debate hacia una reforma constitucional que permita el referéndum. Sea como sea, hay que evitar lo que temía Tocqueville y que el movimiento supuestamente mayoritario, sólo porque hace más ruido, acalle los intentos de discutir lo que queremos saber sobre el futuro Estado de bienestar, el desempleo, la precariedad, la corrupción, y también la reforma territorial. Un referéndum no merece tal denominación si, además de ser legal, no va precedido de información abundante y diversa.

Victòria Camps es profesora emérita de la UAB.