Izquierda Unida empuja a su portavoz en Sevilla a dimitir tras su imputación

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, afronta su salida del partido forzado por su imputación en la Operación Enredadera, por la que ha declarado ante la juez Mercedes Alaya. Después del abandono de IU del ex primer teniente de alcalde sevillano Antonio Rodrigo Torrijos la semana pasada, tras declarar ante la Guardia Civil, ayer ambos dirigentes comparecieron ante Alaya, aunque García se defendió de las acusaciones mientras que Torrijos se acogió a su derecho a no declarar.

La magistrada imputa a García fraude y cohecho por su presunta participación en diversas operaciones aprobadas por el Consistorio de la capital andaluza durante el gobierno en coalición de PSOE e IU. A pesar de que el concejal sevillano respondió al interrogatorio de la juez y negó haber cometido algún acto “ilegal o irregular” y afirmar que “no tiene nada que ocultar”, lo cierto es que esta acusación dinamita la carrera política del número uno de IU en Sevilla. Al cierre de esta edición la formación celebraba una asamblea local para decidir el futuro del portavoz en el Ayuntamiento, pero la previsión es que García dimita y se aparte de manera voluntaria para defenderse en la investigación judicial al margen de IU.

El coordinador de la formación en Andalucía, Antonio Maíllo, allanó el camino de salida de García al destacar que el consejo local de IU actuaría con “coherencia” con lo establecido en los estatutos y el código ético de la federación de izquierdas. “No hay tregua con estas cosas (...) IU actúa con mucha coherencia, rapidez, diligencia y contundencia” ante cualquier caso de corrupción, “lo que está siendo valorado por los ciudadanos”.

El interrogatorio de Alaya en esta investigación, que permanece secreta, versó sobre varios expedientes relacionados con la adjudicación de obras y mantenimiento en campos de fútbol vinculados al Instituto Municipal de Deportes y con las instalaciones deportivas del pabellón Ifni, ubicadas en el barrio de Heliópolis. García presidió como gerente del Instituto Municipal de Deportes las comisiones en las que se aprobaron dichos expedientes.

“Se resolverá en el ámbito de la organización y este no es el momento de abordar el asunto”, alegó García en los juzgados. “Yo con mi organización no me tengo que defender, estamos sujetos a unas normas internas que democráticamente se han establecido”, indicó. A continuación, confesó sin tapujos su desconocimiento sobre los tiempos procesales: “Hasta ahora nunca me había preocupado de estos temas, pues nunca había estado imputado en un procedimiento judicial”.

El código ético de Izquierda Unida estipula que sus miembros deben “asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación, en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística”. La línea roja para que los cargos de IU dimitieran estaba en el procesamiento (una vez concluida la instrucción judicial y asentadas las pruebas de cargo), pero el código ético adelantó esa frontera hasta la imputación, por lo que la mera sospecha de comportamiento turbio o indicios de corrupción, aparta a los políticos de su cargo. Y en ese contexto, García abandonará su cargo a la espera de que más adelante se consoliden los cargos que le imputa Alaya o la instructora archive las actuaciones.

Al igual que Torrijos —que dimitió como portavoz hace un año por su imputación en Mercasevilla y el caso de la Fundación DeSevilla—, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía de Sevilla habría solicitado como medida cautelar distintas fianzas de responsabilidad civil para Torrijos, García y Gómez Lobo, aunque su cuantía no ha trascendido al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, informó Europa Press. Por la tarde, Alaya citó a los empresarios de Fitonovo Rafael y José Antonio González (padre e hijo) y al de Fiverde, Ángel Manuel Macedo, para añadir a sus imputaciones un delito contra la Seguridad Social.