OPERACIÓN MADEJA

Tres técnicos de Algeciras declaran ante la Guardia Civil por un contrato

Los empleados deberán explicar la adjudicación de un proyecto a Body Factory

La juez Mercedes Alaya.
La juez Mercedes Alaya.

Los tentáculos de la llamada Operación Madeja, en la que la juez Mercedes Alaya investiga el pago de posibles “mordidas” por parte de la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicación de obras públicas en distintos puntos de Andalucía, han alcanzado al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Tres técnicos municipales que formaban parte de la mesa de contratación que adjudicó, en mayo de 2010, a la empresa Body Factory la construcción y explotación de un complejo deportivo y un aparcamiento anexo han sido citados por la Guardia Civil para declarar como imputados. Los citados deberán aclarar su participación en el proceso como responsables de los informes técnicos.

La relación de este caso con la Operación Madeja se produce al estar Body Factory participada en un 49% por las empresas Fitonovo y Fiverde, ambas bajo investigación y socias entre ellas. Los técnicos del Ayuntamiento fueron los encargados de informar sobre este expediente y es por ello por lo que ahora se les cita para declarar. Uno de los técnicos ya lo hizo ayer mientras que otro declara este miércoles. El tercero deberá personarse en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla a las 9.00 del jueves.

La juez Mercedes Alaya trata de aclarar si se pudieron efectuar supuestos sobornos que facilitaron la adjudicación del contrato para la construcción y la explotación del gimnasio. El hilo del que pretende tirar la investigación se basa en un supuesto apunte existente en la contabilidad de Fitonovo que reflejaría un pago inmediato a la adjudicación del proyecto a Body Factory. En aquella etapa, el ejecutivo local estaba formado por PSOE e IU.

Esta ramificación de la Operación Madeja se inició en Algeciras el pasado 24 de abril, cuando dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) procedieron al registro de las instalaciones municipales, llevándose toda la documentación referente dicho expediente. Posteriormente, en el mes de julio, agentes de la UCO se desplazaron de nuevo a Algeciras para tomar declaración a una funcionaria que formó parte de la mesa de contratación.

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