El Superior rechaza un informe que acredita un enchufe de Paula Prado

Con bastante tiempo aún por delante, 20 días antes de que la diputada del PP Paula Prado fuese a declarar como imputada al Superior de Xustiza, la juez Pilar de Lara, que investiga la trama Pokémon sobre corrupción, ordenó enviar al tribunal un informe de Aduanas que acababa de recibir. Era documentación que revelaba dos supuestos nuevos enchufes de la exportavoz de los populares gallegos en la guardería de Salgueiriños, una contrata que en 2012 el Ayuntamiento de Santiago había puesto en manos de la empresa Sermasa, del grupo Vendex, y cuya plantilla, supuestamente, se convirtió en moneda para pagar favores políticos. Sin embargo, pocos días después de recibir el nuevo informe —que aumentaría los posibles casos de enchufismo atribuidos a Prado e investigados por el tribunal tras asumir la causa de la aforada—, la sala de lo Civil y lo Penal del Superior devolvió los papeles a De Lara y le advirtió, de paso, que no siguiese rastreando a la diputada.

En su respuesta, del día 13 de noviembre, uno antes de que Prado fuese a A Coruña a declarar ante el Tribunal Superior imputada por fraude y tráfico de influencias, la magistrada del caso Pokémon explica que ella no está llevando a cabo ninguna investigación paralela sobre la aforada, sino que los posibles delitos han seguido aflorando porque los agentes de Vigilancia Aduanera continúan ordenando y procesando tanto la documentación incautada en los registros a las sedes del Grupo Vendex como las grabaciones de pinchazos telefónicos entre los protagonistas de la trama. Entre otros informes referidos a otras personas, Aduanas entregó recientemente uno que recoge sus sospechas sobre la colocación de dos personas, un conserje y una profesora, por supuesta intervención de Paula Prado.

Estos enchufes en Vendex engrosarían la lista de los que sí acordó investigar el tribunal y que, según la exposición motivada que envió en su momento De Lara al Supremo, serían de “determinadas personas, afiliadas o próximas ideológicamente al Partido Popular, en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago”. Para ello, la también exconcejala en Compostela y responsable de la agencia local de colocación habría “llegado a adaptar los currículum a los puestos de trabajo”.

“Vale profesora de EGB?”, pregunta la exportavoz del PP a Vendex en un sms

Además de esto, el Tribunal Superior asumió en septiembre investigar si Prado influyó para librar a un local nocturno de dos expedientes sancionadores y si infló en 3.000 euros la factura del espectáculo infantil La Abeja Maya “con la única finalidad”, señalaba la juez que instruye la Pokémon, de “beneficiar a un empresario”. Otros tantos presuntos delitos de Prado sobre los que informaba la titular del juzgado 1 de Instrucción de Lugo cuando elevó la causa al Superior quedaron aparcados, al menos —puntualizaban los magistrados— por el momento.

En su último escrito de réplica, tras haberle sido devuelto el nuevo informe de Aduanas acerca de Prado, la juez también reprocha al Superior haberse enterado de que este asumía las competencias sobre la aforada “por la prensa”, ya que ni ella ni el secretario de refuerzo para la Pokémon recibieron “ninguna comunicación en tal sentido”.

En su último informe complementario, Aduanas recoge una serie de correos electrónicos, escuchas y alguna cita en un bar entre la entonces edil y Alberto Quintana (delegado de Vendex en Santiago). Según esto, ella propone un celador (un hombre que efectivamente fue contratado) y posiblemente una docente de la que los investigadores no han podido saber el nombre: “Vale profesora de EGB?”, pregunta Prado a Quintana en un sms. “Tú manda que después te digo”, responde él. Pocos días antes, un supuesto socio del marido de la diputada telefoneaba a Quintana aconsejándole ofrecer algún puesto en la guardería a Paula Prado “para quedar bien”.