Gobierno y Junta discrepan sobre el destino de los suelos de Delphi

Durante casi un cuarto de siglo los 170.000 metros cuadrados que la multinacional de automoción Delphi adquirió en Puerto Real (Cádiz) dieron trabajo simultáneo a casi 2.000 personas. Desde hace siete años el vacío que resuena entre sus paredes es el peor símbolo de la situación económica de la bahía gaditana, donde sobra suelo y faltan empresas para ocuparlo. La empresa echó el cerrojo en 2007 y esos terrenos y edificios aún en pie, pendientes de la decisión de los administradores concursales que los gestionan, son fruto constante de fricciones. Los ex trabajadores piden la llegada de inversores. La Junta quiere comprarlos pero la fórmula elegida no gusta al Gobierno central. Sólo una compañía, Recuperaciones Ecológicas del Sur (Redelsur), ha comprado 39.000 metros cuadrados para montar una planta de reciclaje. Uno de sus socios se acaba de declarar en concurso voluntario de acreedores.

Dos años después del cierre, en 2009, el plan de liquidación de Delphi valoró el terreno y los edificios aún en pie en 44 millones. Entonces se proponía poner todo a la venta, identificar a posibles inversores y abrir un plazo para presentar ofertas. El plan contaba con tres fases pero ni una sola arrancó porque ningún interés por comprar los suelos floreció. Llegó a sonar una empresa china que se difuminó en el camino.

Los administradores concursales no quieren esperar más. Ya tienen claro que el futuro de los terrenos de Delphi, ante la falta de claros inversores privados, es derribarlo todo y dejar esos suelos baldíos. Al menos así se ahorrará tener que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles el año que viene, un cuarto de millón de euros. La chatarra que se genere, rica en cobre, podría servir para reducir la elevada deuda que todavía se mantiene con Administraciones y proveedores, cifrada en más de ocho millones. Un reciente informe difundido por el Ayuntamiento de Puerto Real destacaba que mantener en pie esa fábrica ha costado sólo en los tres últimos años 2.324.380 euros.

Los sindicatos, que representan los intereses de más de 600 extrabajadores que no pudieron ser recolocados a pesar de los importantes planes de recolocación y cursos de formación —ahora investigados por la juez Mercedes Alaya—, no quieren la demolición porque, con ella, se esfumarían las posibilidades de una rápida instalación de una empresa. Tampoco lo quiere el Ayuntamiento de Puerto Real (PA), que, además de unirse a la causa sindical, vería mermar sus ingresos anuales en 250.000 euros, lo que cuesta el IBI de Delphi. “Queremos consenso político para que todos los partidos rechacen este derribo”, reclama Miguel Paramio, de la central USO.

Pero ese consenso no existe. Junta y Gobierno central no discrepan en la necesidad o no del derribo sino en la fórmula por reactivar los suelos. Conscientes de que ningún inversor privado llegará caído del cielo, el Gobierno andaluz ha propuesto comprar los terrenos con dinero propio. No ha dicho qué cantidad está dispuesta a pagar pero su intención es que una vez bajo su titularidad pase a formar del Consorcio de Las Aletas, un proyecto de parque empresarial vecino, que también ha atravesado un largo tiempo de letargo. Pero la decisión corresponde al Gobierno central, que preside ese Consorcio, y ya el PP ha dicho que no. Los populares quieren que la Junta compre Delphi pero para que los ponga en uso dentro de un parque industrial ya existente, el Tecnobahía. Lo otro lo interpretan como una trampa legal de difícil encaje jurídico.

Mientras, la firma Redelusur compró el año pasado 39.000 metros cuadrados. Invirtió dos millones para montar una planta de reciclaje de residuos de barcos, donde, a partir de febrero, espera dar trabajo a 40 personas. Además sus impulsores han anunciado que quieren comprar otros 15.000 para ampliar el negocio. La buena noticia ha sido acogida con enorme frialdad por Administraciones y sindicatos, que no terminan de fiarse de un conglomerado liderado por la empresa gaditana Ecogades y socios albaneses. Ecogades, además, acaba de presentar concurso voluntario de acreedores, por las deudas que mantiene y no puede pagar. Su presidente, José Antonio Moreno presume de que ha despertado la actividad a un suelo dormido desde hace siete años. Aunque no esté claro si la realidad es mejor o peor que el sueño.