El fiscal acusa de cohecho a empresas, curas y funcionarios en la Retablo

Sacerdotes, empresarios y funcionarios de la Xunta compartirán banquillo en el juicio por el caso Retablo, una presunta trama de corrupción acusada de obtener beneficios económicos ilícitos mediante obras de restauración del patrimonio eclesiástico subvencionadas por el Gobierno gallego. Cinco años después de abrirse el sumario, apuntalado por abundantes pinchazos telefónicos, la instrucción está ya en la recta final, a la espera de que se dicte la apertura del juicio. Los hechos descritos por la fiscalía en sus conclusiones apuntan a la acusación de delitos de cohecho a un funcionario, al antiguo arquitecto de la sociedad pública del Xacobeo, a dos curas de Pontevedra y a los responsables de cuatro empresas que restauraron iglesias, retablos e imágenes religiosas. El fiscal, Antonio Roma, ha retirado los cargos contra el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, imputado en la causa, aunque la acusación particular, que representa a los vecinos de una parroquia del municipio pontevedrés de Covelo, intentará forzar que se siente en el banquillo.

 Los religiosos están acusados por el episodio más llamativo del sumario, la cesión de la casa rectoral de Paraños, en Covelo, al supuesto cabecilla de la trama, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, funcionario en la Consellería de Cultura cuando sucedieron los hechos. El fiscal apunta a que el Obispado de Tui entregó ese inmueble a Gómez-Gil por 60.000 euros, a pagar en 10 años, que, en realidad, no se empezaron a abonar hasta que la investigación judicial ya estaba en marcha. La rectoral fue restaurada de forma gratuita por una de las empresas implicadas, Ábside, presuntamente como contrapartida a las obras que Gómez-Gil le adjudicó. Tras ese remodelado, el funcionario puso la casa a la venta en Internet, en 2009, con un precio de 680.000 euros.

El sumario apunta a que el Obispado hizo esta cesión a cambio de que Gómez-Gil destinase dinero público para restaurar edificios y obras del patrimonio eclesiástico. Por este motivo están acusados el párroco de Covelo, José Sobrino Pino, y otro sacerdote, Benito Estévez Domínguez, como miembro del Consejo de Economía del Obispado. Aunque el fiscal no formula cargos contra el anterior responsable de la diócesis, el abogado que representa a los vecinos de Paraños, Carlos Feijóo, insiste en pedir que sea juzgado alegando que existen indicios suficientes de que el exobispo estaba al tanto de la operación. La acusación particular también reclama que la rectoral sea entregada a la comunidad de montes de la parroquia.

El informe del fiscal describe una trama urdida desde la Xunta por Gómez-Gil y el que entonces era el arquitecto responsable del Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel. Ambos elegían las obras a restaurar con subvención pública y las empresas que deberían llevarse los contratos. Gómez-Gil, señala el fiscal, comunicaba antes a las empresas los “contenidos económicos de los proyectos” así como el “precio que podían ofertar” y finalmente era él mismo quien daba el visto bueno a las obras. La fiscalía acredita que el funcionario ingresó entre 2004 y 2009 cobros de esas sociedades por un valor total de 103.350 euros. También recibió, según la acusación, dádivas en especie, desde obras gratuitas en sus propiedades —como la restauración de la rectoral de Paraños— a un barco que presuntamente le regaló la empresa Da Vinci.

El fiscal Roma sostiene que tanto Gómez-Gil como el arquitecto Pichel “incrementaron notablemente” sus patrimonios. El primero tenía cuatro coches mientras que el segundo figura como titular de “14 automóviles y motocicletas además de numerosos inmuebles”. El más insólito de los sobornos presuntamente recibidos por Pichel fue, según la acusación, “una vaca de valor incierto, superior a 1.000 euros” que le regaló el propietario de Da Vinci.

El fiscal también sentará en el banquillo a los responsables de otras tres firmas de restauración, CBC, Ábside y Alquimia. El ministerio público considera probado que las prácticas corruptas se aprovecharon de obras de restauración en una veintena de edificios eclesiásticos de Pontevedra y Ourense. La Xunta, personada en la causa, se ha sumado a las peticiones del fiscal, aunque añade para los funcionarios la acusación de fraude a la Administración.