Apariencia no, transparencia

Después de la sinvergonzonería de la corrupción, el segundo hecho más indignante que ha ocurrido en España en los más de seis años que llevamos de crisis económica es que la clase política, que nos ha exigido austeridad y sacrificio a todos los ciudadanos, no ha tenido la decencia de renunciar a ni uno solo de sus privilegios. Y aquí estamos, a estas alturas del siglo XXI, clamando en el desierto por asuntos tan obvios como que cualquier diputado o senador explique adónde va cuando viaja con dinero público. ¿Dónde gasta los 3.000 euros para taxis, por qué cobra dietas por estar en Madrid teniendo casa en Madrid? Y otras preguntas tan razonables para una persona que cobra de los presupuestos generales del Estado.

Hace algún tiempo este periódico publicó un reportaje titulado Lo que se oculta a los ciudadanos. Era un texto que trataba sobre las leyes de transparencia en otros países europeos y en Estados Unidos. Como resulta evidente, el derecho a saber no es un monopolio de los periodistas, sino un derecho universal de los ciudadanos. En Suecia hay una ley de transparencia que tiene más de un siglo, en la que se protege incluso a los funcionarios que dan información sobre tropelías que ocurren en la administración en la que trabajan. Un periodista en el Reino Unido puede conocer hasta el último penique que se gasta el Gobierno británico en coches oficiales, cómo va la tramitación de una ley e incluso el montante total de las ayudas agrícolas de la Unión Europea que recibe la Reina de Inglaterra por sus terrenos.

Un total de 22 estados de los 27 que conforman la Unión Europea tiene legislado este derecho. El problema del cerrojazo informativo que se práctica en España desde los poderes públicos es una excepción, por más que a las instituciones en este país se les llene la boca anunciando páginas web que no informan de nada, sueldos de cargos públicos maquillados o agendas de reuniones de dirigentes políticos que carecen de importancia alguna. La transparencia es una actitud democrática y debe partir de una premisa: la información es del ciudadano y no del poder. En una sociedad decente, no sería necesaria ley alguna para que los poderes públicos entendieran que gestionan el dinero de los ciudadanos y tienen la obligación de explicar en qué se lo gastan.

Desde el año 2000, todos los partidos políticos han llevado en sus programas electorales una ley de transparencia, aunque ninguno la sacó adelante cuando accedió al Gobierno. Ha tenido que llegar la democracia al nivel más alto de desafección ciudadana hacia la policía y a un verdadero estercolero de corrupción, para que los partidos vuelvan a recuperar una propuesta que llega tarde y suena a hueca.

Además, una ley de transparencia tiene poco o ningún sentido si no existe una autoridad independiente que obligue a cumplirla. Un organismo que garantice el derecho de acceso a los datos a cualquier ciudadano, partiendo de la premisa de que el silencio administrativo es incompatible con la democracia. La información es universal y la transparencia un derecho. No nos quieran colar ahora, tras tanto tiempo perdido, un nuevo catálogo de apariencias de transparencia que no transparentan nada.

@jmatencia