El registro del Ayuntamiento de Alpicat acaba sin imputados
La juez investiga presuntos pagos y contrataciones irregulares
La Guardia Civil registró ayer durante cinco horas las dependencias del Ayuntamiento de Alpicat (Segrià) por orden de una juez de Lleida que investiga presuntos pagos y contrataciones irregulares de personal y servicios desde 2009 por parte del Consistorio, gobernado en mayoría por CiU. Pau Cabré. alcalde de la población calificó de “desproporcionada” la intervención policial y añadió que no había ningún “motivo penal”, aunque admitió que pudo haber errores administrativos en algunas contrataciones; errores que achacó al secretario y al interventor municipal.
El alcalde encuentra desproporcionada la intervención judicial y policial
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida ordenó el registro a raíz de una denuncia presentada por el grupo socialista, en la oposición. Seis guardias de paisano y la secretaria judicial llegaron a las diez de la mañana y permanecieron hasta pasadas las tres de la tarde en el edificio consistorial, de donde se llevaron una treintena de expedientes, así como copias del ordenador del interventor y más de 5.000 correos electrónicos entre este, el secretario y el arquitecto municipal, explicó el abogado del Consistorio, Carles López.
El letrado señaló que esta investigación no está relacionada con ningún caso de irregularidad urbanística y que, de momento, no hay ninguna persona imputada. López, que también calificó de “desproporcionada e injustificada" la intervención policial, añadió que si la juez ha autorizado el registro es porque considera que existen indicios de algún tipo de delito que no se determinará hasta que se haya examinado toda la documentación.
El alcalde Pau Cabré fue absuelto en febrero de 2013 por la Audiencia de Lleida de un delito contra la ordenación del territorio
El Ayuntamiento de Alpicat ha estado en los últimos años en el ojo del huracán por denuncias sobre presuntas infracciones contra la ordenación del territorio. Alpicat, con algo más de 6.300 habitantes, ha experimentado un espectacular crecimiento urbanístico en los últimos quince años, en los que ha triplicado su población al convertirse en ciudad dormitorio al distar unos 10 kilómetros de Lleida.
Pau Cabré, que también preside el Consejo Comarcal del Segrià, lleva 19 años en el cargo y se ha visto envuelto en investigaciones judiciales por supuestas irregularidades urbanísticas, algunas denunciadas por la oposición y otras por vecinos.
Cabré fue absuelto en febrero de 2013 por la Audiencia de Lleida de un delito contra la ordenación del territorio por el que había sido condenado en primera instancia a ocho meses de prisión y ocho de inhabilitación. La acusación fue haber aprobado en julio de 2000 una licencia para construir una nave industrial en una zona no urbanizable en contra de la normativa.
La asociación Stop Corrupción Alpicat, que se ha mostrado especialmente crítica en los últimos años hacia la gestión de Cabré, denunció en su día que este había otorgado una licencia de obras a su mujer para reformar un almacén agrícola, edificio que acabó convirtiéndose en una masía residencial. Cabré señaló ayer que esta denuncia está recurrida ante los tribunales.
