La Fiscalía vasca cita al alcalde de Vitoria (PP) por incitación al odio

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha citado a declarar el próximo jueves al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), por la denuncia que la plataforma SOS Racismo presentó contra él y en la  que le acusa de los delitos de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros, entre otros.

La polémica abierta el pasado verano por Maroto al asegurar que muchos inmigrantes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse" entra ahora en la vía judicial, después de haberse extendido a la agenda política e incluso a la calle. La pasada semana una persona fue agredida por otra a quien reprochó los ataques lanzados a un pakistaní en la capital alavesa y días después un conductor de un autobús urbano no permitió subir a una mujer con un burka.

Maroto nunca ha rectificado sus apreciaciones hasta el punto de considerar "escandaloso" el caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria. A las críticas también se unió el diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP). Al confirmar que no se había retractado, SOS Racismo presentó la denuncia y el fiscal superior del País Vasco abrió unas diligencias de investigación en las que pidió al alcalde que presentara un escrito de alegaciones en su defensa, que este ya le remitió.

En la documentación enviada por Maroto se incluyó un estudio de las personas atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria en los últimos años y la evolución del padrón por nacionalidades, según desveló el portavoz de SOS Racismo, Fede García.

La polémica sobre las ayudas a los magrebíes alcanza la vía judicial tras el debate político y social

En el informe se analizan por ejemplo las 1.358 nuevas atenciones en servicios sociales entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, de las que el 55,7 % fueron de nacionalidad española y el 44,3 % extranjera. Además, el alcalde adjuntó una carta en la que dice que sus declaraciones "se sustentaron" en dicho informe y añade: "En ningún caso estaba, ni está, en mi voluntad provocar a la discriminación ni al odio racial ya que mi único interés es el de la buena administración de los recursos públicos y la lucha contra el fraude a los mismos".

SOS Racismo considera que con sus declaraciones el alcalde ha podido incurrir en los delitos de incitación al odio y contra la dignidad de las personas, además de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por difundir informaciones falsas dirigidas a generar una situación de discriminación contra unos colectivos por su origen nacional.

En el escrito remitido al alcalde, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, explica a Maroto que tiene que acudir el jueves a declarar al Palacio de Justicia de Bilbao en calidad de denunciado y que por lo tanto puede ir acompañado de un abogado.

El objetivo de los populares es que no puedan disponer de estas ayudas los inmigrantes ilegales, las personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social y quienes no estén empadronados en Euskadi desde hace diez años, en lugar de tres como ocurre ahora, entre otros planteamientos. El resto de los grupos representados en el Parlamento vasco están en contra de la iniciativa.